Han emprendido una auténtica ofensiva fiscal desde 2010, el año en el que la todavía omnipresente crisis empezó a redoblar su impacto en las cuentas del sector público
Las autonomías han emprendido una auténtica ofensiva fiscal desde 2010, el año en el que la todavía omnipresente crisis empezó a redoblar su impacto en las cuentas del sector público.
Para compensar esos efectos, desde entonces y hasta lo que llevamos de 2013, las regiones de régimen común (es decir, excluyendo País Vasco y Navarra que cuentan con marcos fiscales propios) se han sacado de la manga 42 nuevos impuestos, más de diez por año.
Como explica I. Flores en ‘El Economista’ este 20 de septiembre de 2013, se trata de figuras impositivas que gravan los más variados ámbitos: desde el uso del agua o de bolsas de plástico, hasta los depósitos bancarios, pasando por el juego, la emisión de gases contaminantes o los establecimientos turísticos.
En otras palabras, las autonomías han querido aprovechar a fondo en los últimos años el margen que les conceden los capítulos sexto y decimoséptimo de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), en los que se otorga a las regiones la potestad de crear sus propios tributos, y complementar así los ingresos que reciben de aquellos gravámenes, como el IRPF, que el Estado recauda y que cede solamente en determinados tramos a los Gobiernos regionales.
La tendencia de las autonomías a ser creativas en materia fiscal ha ganado velocidad en 2012 y 2013. Así, ya no hay una sola comunidad autónoma que no cuente con estas figuras impositivas, después de que Castilla y León, la única que prescindía de ellas, introdujera el año pasado una tasa sobre la generación de residuos.
Además, las regiones que sí habían empezado a recorrer ese camino pisaron más a fondo el acelerador. De acuerdo con el Programa de Estabilidad que el Ministerio de Economía ha presentado a la Comisión Europea ascienden a 28 los nuevos impuestos que los Gobiernos regionales introdujeron en 2012 o previeron poner en marcha este año, de acuerdo con sus Presupuestos para 2013.
No obstante, los informes más detallados del Ministerio de Hacienda suman a ese total otros tres tributos de nacimiento reciente en La Rioja y uno más en la Comunidad Valenciana, más el ya citado de Castilla y León.
Como resultado, el conjunto de nuevos impuestos en 2012-2013 asciende a 33, a los que se suman, siempre según del departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro, otros siete surgidos en 2011 y otros dos que provienen de 2010.
Difícil seguirles la pista
El contraste de fuentes resulta imprescindible para seguir la pista de los tributos de las autonomías , dada la gran flexibilidad que la ley permite en este ámbito a los Gobiernos, y la facilidad con la que aparecen y desaparecen.
Así, hay margen para dar marcha atrás en cualquier momento, como hará Baleares este año con las gravámenes que impuso a las grandes superficies comerciales, a las empresas de alquiler de coches y a los envases de plástico, según anunció recientemente su presidente, el popular José Ramón Bauzá.
En el lado opuesto, hay posibilidad de que una autonomía saque adelante un nuevo tributo, pasando incluso por encima de la oposición, incluso la suspensión de facto de la medida, por parte del Gobierno central.
Es lo que ha ocurrido con la tasa que Cataluña o Asturias impusieron a los depósitos bancarios. La Abogacía del Estado se opuso alegando que causaría perjuicios a las entidades financieras y agravaría el problema de la escasez de crédito para las empresas.
El Tribunal Constitucional, sin embargo, se ha pronunciado a favor de la imposición de este impuesto, con el que, en el caso particular de la Generalitat, se espera ingresar 500 millones de euros anuales.
La ambigüedad legal también beneficia a las comunidades autónomas a la hora de aprovechar la manga ancha fiscal. De hecho, casi todas las comunidades autónomas de régimen común se inclina por crear cánones e impuestos sobre el agua.
No en vano Hacienda reconoce que «existen problemas a la hora de pronunciarse sobre la naturaleza jurídica de estas figuras» y pueden pasar por tasas cuya finalidad primordial es la protección del medio ambiente.
