La multa sigue creciendo: 22,8 millones
Un día después de que el Congreso tumbara la reforma del sector de los estibadores, la Comisión Europea volvió este 17 de marzo de 2017 a presionar a España para que saque adelante la liberalización del sector en línea con la legislación comunitaria.
Tras el rechazo, la portavoz de la Comisión Anna-Kaisa Itkonen, indicó en rueda de prensa que es «esencial» que nuestro país modifique el sistema de trabajo portuario.
La portavoz subrayó que no solo se trata de un asunto de cumplir con la normativa de la UE, sino también de «competitividad» para los puertos españoles.
La portavoz recordó el ofrecimiento de asistencia técnica realizada por el Ejecutivo comunitario para retocar la legislación nacional.
Una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de diciembre de 2014 condenó a nuestro país al apuntar que en los 46 puntos españoles de interés general no se puede contratar libremente a los trabajadores. Están obligadas a participar en el capital de empresas privadas que facilitan la mano de obra.
Aunque el Tribunal no estableció una fecha para corregir la situación, tal y como recordó este viernes la portavoz comunitaria, la Corte de Luxemburgo podría imponer severas sanciones económicas a nuestro país por cada día sin enmendar la legislación nacional.
El Tribunal se tiene que pronunciar en los próximos meses sobre las sanciones propuestas por la Comisión. Estas son de 27.522 euros al día desde la sentencia de diciembre de 2014, y otra de 134.107,2 euros diarios a partir de la nueva sentencia, y hasta que corrija la situación. La primera multa ya le acarrea un coste a nuestro país de 22,8 millones de euros.
La Comisión ha presionado durante todos estos meses para que el Gobierno sacara adelante la reforma, en un caso que se alarga ya casi cinco años desde que le llevara ante la Justicia.
En las últimas semanas los toques de atención se incrementaron. El pasado mes, el portavoz jefe de la Comisión, Margaritis Schinas, subrayó que el régimen laboral de los puertos españoles «crea restricciones injustificadas al establecimiento de operadores portuarios».
Por su parte, la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, pasó un mensaje similar al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, cuando visitó Madrid a principios de este mes.
Confianza en un acuerdo
No obstante, en Bruselas confiaban en que la reforma del Gobierno saldría adelante. Finalmente, el decreto ley del Gobierno fue bloqueado por una mayoría de partidos, y solo contó con los votos del PP, PNV, UPN, Foro Asturias. Ciudadanos optó por la abstención.
La liberalización de los puertos, uno de los sectores estratégicos para las economías nacionales por ser la principal vía de entrada y salida para el comercio, ha dividido a los partidos y puesto al sector en modo de combate, que convocó varias jornadas de huelga. Los estibadores consideran que la reforma del Gobierno va más allá de lo que solicita la sentencia de la Justicia Europea.
La multa sigue creciendo: 22,8 millones
El importe final que pagará España por no cumplir a tiempo la sanción sobre la estiba está aún por dilucidar, pero no para de crecer.
Nuestro país fue condenado el 11 de diciembre de 2014 al pago de 27.522 euros diarios y la cantidad total desde ese día hasta este viernes viernes asciende a 22,8 millones de euros por no modificar la regulación de la estiba. España no estará obligada a desembolsar el dinero hasta que haya una nueva sentencia contraria del Tribunal de Justicia de la UE.
