El Gobierno de España sospecha que los fondos de la ANC podrían estar financiando la estancia en Bruselas de Puigdemont
La ANC ha sido, junto con la segunda gran asociación civil catalana, Òmnium Cultural, el motor en las calles del proceso independentista. La Assemblea es una joven asociación civil catalana (nació en 2012) que no recibe subvenciones del Gobierno de la Generalidad y que se financia con las cuotas de sus socios, con las donaciones y con la venta de merchandising independentista. Al menos, oficialmente.
Tan pronto paga las fianzas de Artur Mas, Carme Forcadell y los miembros de la Mesa del Parlamento catalán como organiza Diadas, manifestaciones y concentraciones masivas o (se sospecha) financia la estancia en Bruselas de Carles Puigdemont y del resto de consejeros huidos.
«¿Y todo esto quién lo paga?», es lo que se preguntan ahora mismo Cristó bal Montoro y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, visto el músculo económico mostrado por la Assemblea Nacional Catalana (ANC).
La ANC es una vieja conocida de Hacienda. En 2016, una inspección fiscal y una multa de la Agencia de Protección de Datos obligaron a la entidad a pagar, respectivamente, 176.000 euros y 83.000 euros. Unas sanciones que muy pocas asociaciones civiles españoles habrían podido soportar sin echar el cierre pero que en el caso de la ANC apenas comportaron un parón temporal en sus actividades.
Ese año, la ANC declaró haber gastado 3,4 millones de euros en propaganda y 400.000 en retribuciones para los directivos de la asociación (teóricamente voluntarios) y su personal laboral habitual. En cuanto a los ingresos, la entidad declaró 1,6 millones de euros en aportaciones de socios y militantes y 1,2 en ingresos por la venta de merchandising, básicamente camisetas para la Diada de ese año.
Algo que no cuadra con las declaraciones posteriores al 11 de septiembre, cuando la ANC dijo haber logrado 2,7 millones de euros con la venta de esas mismas camisetas.
Subraya Cristian Campos en ‘El Español’ este 20 de noviembre de 2017 que la sospecha es que la ANC se ha financiado durante los últimos años a través de subvenciones indirectas del Gobierno catalán, de las diputaciones y de los ayuntamientos nacionalistas. También a través de las donaciones de empresarios y particulares.
En los grandes despachos de abogados de Barcelona se comenta lo habitual que es recibir visitas de clientes que, por un lado, solicitan el traslado de la sede fiscal y social de sus empresas a Madrid o a otras ciudades de España, mientras por el otro piden que se gestionen sus donaciones a la ANC y Òmnium. Una manera como otra cualquiera de nadar y guardar la ropa o, más malévolamente, de financiar la secesión pero sin arriesgar patrimonio personal en el envite.
