Economía
España, Cataluña, el independentismo y la economía. EE

Tanto la economía española como la global encaran el año 2018 con un entorno económico de extraordinaria placidez (Boicot: Uno de cada cinco españoles no comprará un sólo producto catalán en Navidad).

El escenario ha sido el más favorable de los últimos años, con un fortalecimiento tanto de los países desarrollados como de los emergentes.

La zona euro ha conseguido avanzar al ritmo más elevado en la última década, Estados Unidos ha prolongado su ciclo expansivo sin perder dinamismo, algunas economías emergentes que se encontraban en recesión han comenzado a despegar y China, que había perdido algo de impulso, ha vuelto a acelerarse (Pánico en los 'indepes' de Gallina Blanca: fichan a Mónica Carrillo como nueva imagen para sortear el boicot).

Al mismo tiempo, el comercio mundial, tras varios años de atonía, ha vuelto a crecer a una tasa superior a la del crecimiento de la economía mundial: se estima en un 4,2 por ciento, frente a un avance económico global del 3,6 por ciento, según las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI).

No obstante y como subraya Almudena Semur en 'El Economista' este 30 de diciembre de 2017, el ritmo de crecimiento, tanto en los desarrollados como en los emergentes, es inferior al registrado en la anterior etapa expansiva, aunque entonces dicho crecimiento se sustentó, al menos en estos primeros, sobre un intenso endeudamiento de los Estados.

 Sin embargo, también existen factores de la oferta que limitan el potencial de crecimiento en el momento actual, como el estancamiento -o incluso retroceso- demográfico y el reducido crecimiento de la productividad, circunstancia esta última cuyas causas son objeto de gran debate.
Junto al lento avance de la productividad, otros rasgos que caracterizan la economía global después de la crisis son las bajas tasas de inflación y los reducidos tipos de interés reales, todo lo cual conduce a unas políticas monetarias que siguen presentando un carácter extraordinario.

Con estos positivos resultados, y con la reducción de las tasas de desempleo que los acompañan, es motivo de análisis y debate el reducido nivel de las tasas de inflación en el mundo desarrollado, así como el moderado crecimiento de los salarios en comparación con otras etapas de crecimiento.

En la zona euro la tasa de inflación general se ha movido en los últimos meses en torno al 1,5 por ciento, y la subyacente, un par de décimas porcentuales por debajo, mientras que en Estados Unidos está ligeramente por encima del 2 por ciento, pero por debajo de las tasas que se registraban antes de 2008.

El 'freno' de la inflación

Esta anómala circunstancia está condicionando y retrasando el abandono, por parte de los bancos centrales, de las medidas extraordinarias de política monetaria de los últimos años.

Así, Estados Unidos ha elevado los tipos de interés durante este año en menos ocasiones y en menor cuantía de lo inicialmente esperado.

De esta forma, realizó dos subidas en marzo y en junio, hasta un rango de entre el 1 y el 1,25 por ciento, y ha realizado otra en diciembre. Por otra parte, el Banco Central Europeo (BCE) sorprendió en octubre con su anuncio de la prolongación de las compras de activos hasta septiembre de 2018, o incluso más allá si fuera necesario -si bien, por una cuantía equivalente, a partir de enero de 2018, a la mitad de la actual-, y su advertencia de que los tipos de interés permanecerían sin cambios durante un periodo "prolongado que superará con creces el horizonte de sus compras netas de activos".

Antes de este comunicado se preveía un final más cercano para el programa de compra de activos, y se esperaba el inicio de las subidas de tipos de interés para los últimos meses de 2018.

Ahora las expectativas se han reajustado, y ya no se esperan subidas de tipos hasta el segundo o tercer trimestre de 2019. En consonancia con ello, el tipo de cambio del euro frente al dólar sufrió una depreciación en los días posteriores a la reunión del comité de política monetaria, y el euribor a un año retomó con vigor la senda descendente, que se había frenado en las semanas anteriores a la misma.

El Reino Unido es un caso aparte, ya que, como consecuencia de la fuerte depreciación que sufrió la libra tras el referéndum del Brexit, su tasa de inflación se ha elevado hasta el 3 por ciento en los meses más recientes, y su ritmo de crecimiento económico se ha ralentizado hasta tasas anuales del 1,5 por ciento.

El Banco de Inglaterra, por su parte, elevó en noviembre el tipo de referencia de su política monetaria hasta el 0,5 por ciento, y mantiene sin variación el volumen mensual de compras de activos.

Resistencia a la incertidumbre

En este contexto, y pese al impacto del desafío independentista en Cataluña, la economía de España podría crecer en el conjunto de 2017 en torno al 3,3 por ciento, muy por encima de lo que se pronosticaba hace un año, cuando las previsiones del consenso apuntaban a un 2,5 por ciento en el mejor de los escenarios.

De este modo, el brío de nuestras exportaciones ha conseguido empujar el sector exterior nacional, y a la vez contrarrestar el impacto negativo generado por la crisis institucional catalana en las últimas fechas.

En este sentido, nuestro crecimiento económico ha sido fuerte, pero además ha sido sano y equilibrado. De hecho, en este tiempo no se ha generado endeudamiento -al contrario, los agentes privados continuaron desendeudándose-, no ha habido déficit exterior, no se ha perdido competitividad en costes y se han creado más de 500.000 puestos de trabajo.

Además, desde el punto de vista sectorial, también ha sido un crecimiento equilibrado, con una gran aportación del sector industrial. Se trata, en definitiva, de un crecimiento sostenible y así debería continuar en 2018, año en el que seguiremos avanzando, pero en el que, lamentablemente, pagaremos un impuesto al crecimiento derivado de la incertidumbre generada por el conflicto catalán y que restará dos décimas al PIB de la economía española, situándose éste en un 2,8 por ciento.

Cataluña se resentirá

Aunque sin lugar a dudas el impacto en Cataluña será notablemente peor al del conjunto del país, detrayéndose su PIB en 5 décimas, si no más, según las estimaciones oficiales.

Todo dependerá más allá de cómo se desarrolle el curso de los acontecimientos. Sin embargo, lo más grave no se produciría en 2018, cuando grandes empresas anunciarían el desplazamiento de su sede productiva, sino en el conjunto de la legislatura en marcha.

El azote no ha hecho más que empezar, y prueba de ello es que, además del traslado de sede social de más de 3.000 empresas en los últimos meses, los indicadores de confianza en dicha región ya han sufrido un descenso del 2,2 por ciento, intensificándose al 2,9 por ciento en el ámbito de la industria, y hasta el 5,5 por ciento en el caso de la hostelería y del transporte.

Además, los datos del mes de octubre con relación a la tasa de paro fueron desoladores, al registrar una subida de 14.698 desempleados. También han evolucionado negativamente las afiliaciones a la seguridad social, la compraventa de viviendas y las matriculaciones de vehículos. Y mientras que en España la llegada de turistas extranjeros subió un 7,4 por ciento el pasado mes de noviembre, en Cataluña cayó un 2,3 por ciento.

Factores de riesgo

Más allá, existen otros elementos de riesgo para nuestra economía, que suponen una amenaza en el medio y largo plazo.

La AIReF ya ha proyectado que nos harán falta al menos 20 años para rebajar el endeudamiento público desde el actual 98,7 por ciento del PIB hasta llegar al 60 por ciento.

Sobre este aspecto, cabe recordar que tarde o temprano deberemos enfrentarnos a peores condiciones de financiación, la política monetaria ultraexpansiva, que tanto ha beneficiado los agentes económicos, no será eterna.

También es necesario tener presente que llegará un día en que los tipos de interés subirán, afectando a las finanzas públicas al alterar el coste financiero de la deuda, además de impactar indirectamente en las decisiones de consumo e inversión de los agentes privados.

Del mismo modo, también deberemos velar por cumplir con el objetivo de déficit con el fin de salir del protocolo de déficit excesivo. Conviene recordar que desde 2009, año en que se alcanzó se la cifra del 11,1 por ciento del PIB de déficit público, se inició un proceso de consolidación fiscal que ha tenido, como resultado, una reducción del mismo hasta niveles que se espera que estén por debajo del 3 por ciento en 2018, según el calendario previsto por la Comisión Europea (CE).

Vamos por buen camino en esta tarea, pero sobre este aspecto, la firma de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 resultará prioritaria, no solo por tener un impacto positivo sobre el déficit y el desempeño económico, sino por el anclaje de estabilidad política e institucional que representa, hecho que repercute positivamente en la confianza de los agentes económicos y en la mejora del rating sobre nuestra economía.

Un hecho prioritario para evitar que las condiciones de financiación de España, la llamada prima de riesgo, no se eleve castigando el interés del bono de deuda a diez años.