El hecho de que determinadas partidas se congelen o desaparezcan por estar vencidas, da margen de gasto en otros asuntos y facilita el cumplimiento de la regla de gasto y del déficit público
No va a dejar Mariano Rajoy que Iñigo Urkullu y los ‘aprovechados‘ del PNV le tomen mucho el pelo.
El Gobierno está dispuesto a utilizar la vía del decreto para mejorar las pensiones y el salario de los funcionarios si falla el pacto por los Presupuestos Generales del Estado, siempre y cuando no logre apoyos suficientes para sacar adelante las cuentas públicas presentados en Moncloa el pasado martes.
Así lo sugirió este 28 de marzo de 2018, en una entrevista radiofónica, el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, y así se lo confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la negociación presupuestaria. Los caramelos de las Cuentas están, por tanto, garantizados.
Y se pregunta, retóricamente, Silvia Zancajo en ‘El Economista‘ este Jueves Santo:
¿Puede el Gobierno de España legislar en cuestiones tan relevantes vía decreto ley si no consigue aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2018?
La propia periodista se responde a si misma a renglón seguido: «Si».
La legislación española permite a Moncloa llevar a cabo todas las grandes medidas con impacto social y con efecto en el bolsillo de los ciudadanos vía decreto ley.
Entre ellas, el incremento de las pensiones mínimas y de viudedad, la subida de salarios públicos y la reducción del IRPF para las rentas del trabajo más bajas.
De hecho, a excepción de las partidas de inversión pura, prácticamente todas las novedades contempladas en el proyecto de Presupuestos del Gobierno pueden salir adelante a través de decretos ley, siempre y cuando respeten el techo de gasto comprometido, y que limita al 1,3% el aumento del dispendio público.
Así, si los Presupuestos fracasan, el Ejecutivo de Mariano Rajoy llevará al Congreso buena parte del Presupuesto de 2018 fraccionado en reales decretos, un trámite relativamente corto.
Será el momento de ver si las fuerzas políticas que no quieren dar su apoyo a las cuentas públicas en su conjunto darán su respaldo a muchos de sus aspectos de manera fraccionada. En este punto, fuentes parlamentarias de distintas formaciones admiten que sería difícil rechazar determinadas medidas, como la rebaja del IRPF o la subida de las pensiones.
Una vía con precedentes
En 2011 el Gobierno aprobó un decreto ley para incrementar la base reguladora de las pensiones de viudedad. Medida que, por cierto, sigue pendiente de ejecutar. Ese mismo mecanismo podría servir para elevar el resto de prestaciones de jubilación, incluidas las no contributivas, hasta mejorar los ingresos de 6,7 millones de pensionistas.
En el caso del IRPF, la ley de presupuestos no permite la creación de nuevos impuestos, pero sí la modificación de los ya existentes. Es decir, sería posible elevar el mínimo exento, que el Gobierno quiere elevar de 12.000 a 14.000 euros brutos anuales, y bajar este tributo para los salarios de hasta 18.000 euros vía decreto ley. La deducción por gastos de guardería, por familia numerosa o por cónyuge con discapacidad también pueden legislarse con prórroga presupuestaria.
Lo mismo ocurre con otras grandes partidas, como la subida salarial del 1,75% a los funcionarios, la oferta pública de empleo que da luz verde a la contratación de 8.100 de funcionarios, y la equiparación salarial de policías y guardias civiles. Incluso la ampliación en una semana del permiso de paternidad es viable con decreto.
También se podría usar esta vía para las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. El proyecto de ley incorpora una partida de 4.244 millones de recursos adicionales para las autonomías y ayuntamientos en cumplimiento del actual modelo de financiación, que funciona con un sistema de entregas a cuenta sobre ingresos recaudados. El mecanismo sería similar al decreto ley aprobado en Consejo de Ministros el pasado 23 de marzo y que da luz verde a la reinversión del superávit de los ayuntamientos, que dispondrán de ese dinero sin esperar a las Cuentas.
Aunque lo deseable para la estabilidad económica y sobre todo política es que haya Presupuestos este año, no hay ninguna ley que impida prorrogar dos veces unas Cuentas públicas, y tampoco existe una previsión constitucional para que tenga que haber elecciones generales si eso ocurre.
La prórroga presupuestaria tiene además otra lectura más favorable para los responsable de la gestión de la Hacienda Pública. El hecho de que determinadas partidas se congelen o desaparezcan por estar vencidas, da margen de gasto en otros asuntos y facilita el cumplimiento de la regla de gasto y del déficit público, tal y como recuerda el director de coyuntura y análisis internacional de Funcas, Raymond Torres.
El hándicap catalán
Aunque oficialmente el único escenario hoy por hoy es que las Cuentas se aprueben, la realidad es que al Gobierno no le salen las cuentas, al menos de momento. El sí de Ciudadanos, Coalición Canaria y Nueva Canaria no suma, y sigue necesitando a los cinco diputados del PNV, que están enrocados en el no a las Cuentas por la situación derivada del procés.
La crisis catalana persiste y las calles vuelven a movilizarse tras la detención del ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el encarcelamiento de los exconsellers. No se vislumbra una solución fácil ni cercana, lo que complica las opciones de Moncloa de sumar a los nacionalistas vascos.
Cuestión aparte es el sentido político de gobernar a golpe de decreto, lo que choca con el debate parlamentario y la lógica democrática, lamentan fuentes de la oposición.
Medidas sin necesidad de que haya Presupuestos
Exención y bajada del IRPF
El Proyecto de Presupuestos compromete medidas para favorecer a las rentas bajas y medias, hasta un un total de 3,5 millones de contribuyentes. En concreto, eleva el umbral exento de IRPF de los 12.000 a los 14.000 euros al año y aumenta la reducción para rentas del trabajo de hasta 18.000 euros anuales. Estas modificaciones son viables vía decreto ley, ya que aunque no se pueden crear nuevos tributos, sí se pueden modificar los existentes.
Subida de las pensiones mínimas
Las pensiones han marcado la agenda política de los últimos meses. La presión parlamentaria pero sobre todo las movilizaciones sociales en las calles han forzado al Gobierno a elevar el incremento de las pensiones más bajas. En concreto, plantea un alza del 3% para las prestaciones mínimas y del 2% para las de viudedad. Ya hay precedentes en 2011 de modificaciones en las bases reguladoras de las pensiones vía decreto ley.
Mejora salarial para los funcionarios
El Gobierno podría cumplir con sus compromisos con los funcionarios aunque no lograse sacar adelante las Cuentas, un decreto al que además se le puede presuponer apoyo parlamentario. La subida salarial pactada afecta a tres millones de empleados públicos, que verán incrementadas sus nóminas un 1,75% este año, a lo que se sumaría un aumento adicional del 0,2% si la economía crece por encima del 3,1%.
Más financiación para las CCAA
El proyecto de Presupuestos incluye un incremento de casi 4.300 millones de entregas a cuenta para la financiación de las comunidades autónomas. Se trata de un derecho de las autonomías que se aprobaría por decreto ley si hubiese prórroga presupuestaria, si bien el retraso en esta cuestión supone una presión extra para los presidentes autonómicos, muchos socialistas, máxime con las elecciones autonómicas tan cercanas, en mayo de 2019.
Superávit de los ayuntamientos
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de marzo un decreto ley que permitirá a las entidades locales la reinversión de su superávit, -unos 5.000 millones-, de forma inmediata y que además flexibiliza las condiciones para usar el ahorro municipal al ampliar el catálogo de inversiones financieramente sostenibles. La medida es fruto del compromiso entre Hacienda y los alcaldes, que no querían esperan a la aprobación de los Presupuestos.
Equiparación Policía y Guardia Civil
Tras una compleja negociación, policías y los guardias civiles cobrarán lo mismo que los Mossos, una reivindicación histórica de los funcionarios del Estado y una de las líneas rojas de Ciudadanos para respladar el proyecto de Presupuestos. Tras cerrar el acuerdo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró hace unas semanas que esa equiparación llegará aunque haya prórroga presupuestaria, ya que hay «herramientas» para ello.
Oferta pública de empleo
En el mismo Consejo de Ministros extraordinario que aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno reveló la primera parte de la oferta de empleo público para 2018, y que se ejecutará directamente por decreto ley. Dotada con 8.110 plazas, de las que 6.024 serán de acceso libre y 1.665 de promoción interna. El mayor número está reservado para Policía, con 3.200 puestos, seguido de Guardia Civil, con 2.575 plazas.
Cinco semanas de baja de paternidad
Moncloa recoge en su borrador de Presupuestos medidas sociales y culturales que podrán llevarse a cabo por ley aunque haya prórroga de las Cuentas. Entre ellas, la ampliación de cuatro a cinco semanas de la baja por paternidad, una partida dotada con 117 millones. También el cheque guardería de 1.000 euros y las deducciones por familia numerosa. Podría aplicarse igualmente la prometida rebaja hasta el 10% del IVA del cine.
