Economía
Rafael Catalá. PD

La futura ley hipotecaria acabará con la regla que habilita a la banca a poner en marcha la maquinaria para ejecutar el préstamo al acumularse tres cuotas impagadas.

La norma que ultima el Gobierno fijará distintos plazos para activar el vencimiento anticipado en función de la deuda amortizada por el cliente y el capital pendiente de repago, tal y como avanzó el lunes el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.

Las propias entidades habían reclamado al legislador reglas claras para erradicar la inseguridad jurídica que hoy la rodea. El conflicto surgió a raíz de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estimó que el vencimiento anticipado al primer impago resultaba contrario a las directivas de protección al consumidor, al observar la inclusión de esta cláusula en una hipoteca, pese a que ni era el motivo de la discrepancia que llevó el caso a su sede ni se había siquiera activado. Este revés condujo al Supremo a pedir una aclaración sobre la misma, aún pendiente de conocerse, a la misma Corte de Luxemburgo.

Históricamente, la normativa permitía a la banca dar por vencido la totalidad de un préstamo antes del plazo acordado si el cliente dejaba de pagar una cuota de amortización, periodo que el Gobierno amplió a tres meses en la ley 2/2013. Pero una cosa es la norma y otra la práctica.

Las entidades financieras, de hecho, no ejecutan al primer impago, sino que tratan durante meses, incluso más de tres, dar facilidades al cliente para que devuelva su crédito antes que reposeer una vivienda que luego tiene que vender. Sin embargo, el simple cuestionamiento del TJUE siembra incertidumbres, que la futura ley buscará despejar.

La banca vería con buenos ojos que se establezca una moratoria muy superior, de seis, nueve o más meses, siempre que la validez de las reglas no vuelva quedar al albur de interpretaciones judiciales.

El ministro insistió que en el principal objetivo de la nueva ley, que traspone la directiva hipotecaria europea, es reforzar la transparencia para proteger al consumidor y evitar que los tribunales vuelvan a tumbar cláusulas por considerar que no se comercializaron con la diligencia exigible, como ha ocurrido con las cláusulas suelo.

La norma reforzará la fase precontractual donde el cliente podrá ser asesorado por un notario y se le facilitará una ficha con las cláusulas más complejas (suelos, gastos de constitución, amortización anticipada o multidivisas).

El contrato se simplificará y, según de Guindos, "todo estará escrito muy clarito, muy transparente", y el cliente tendrá que dejar constancia manuscrita de que entiende las cláusulas complicadas. La norma empoderará a los fedatarios públicos -notarios y registradores- a ejercer el control de la legalidad, pudiendo establecer como no legales condiciones que consideren abusivas.