Los estudiantes de secundaria están convocados hoy a una huelga general y a participar en manifestaciones en una treintena de ciudades españolas para rechazar la política del Gobierno socialista en materia de educación.

La protesta fue convocada por el Sindicato de Estudiantes (SE), que convocó además una treintena de manifestaciones en otras tantas ciudades para expresar su descontento con el proyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE) que propone el Ejecutivo socialista.

En Madrid se celebró la protesta más numerosa, con unos 2.000 estudiantes y profesores que se concentraron frente al ministerio de Educación detrás de una pancarta en la que se leía: "Ninguna concesión a la derecha. No a la LOE. Por una educación de calidad".

En las universidades, el SE organizó "una jornada de lucha" y un paro parcial para que los alumnos pudieran asistir a las movilizaciones, que también apoyaron la coalición de mayoría comunista Izquierda Unida (IU) y el sindicato de enseñantes STES.

Esta asociación estudiantil de izquierdas denuncia que la LOE favorece a las escuelas de educación concertada (financiadas con dinero público y privado) y perjudica a las escuelas públicas.

Por esta razón, exige al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero compromisos "por escrito", como un plan extraordinario de inversión para la educación pública y una ley de financiación que alcance el 7% del PIB en este sector y el 2% en la universidad pública.

Reclaman también un programa para llegar a la media europea de alumnos con becas que garanticen un "salario mínimo de 900 euros (unos 1.060 dólares) al mes", y la congelación de las tasas universitarias como primer paso en la gratuidad de la educación superior para "los hijos de los trabajadores".

El SE rechaza el "endurecimiento de la selectividad (la prueba obligatoria de acceso a la enseñanza superior)" y piden más flexibilidad en los exámenes de recuperación en secundaria.

Asimismo, se opone a la creación de los llamados "itinerarios educativos", porque en su opinión segregan a los estudiantes con más problemas, y se opone a las evaluaciones de diagnóstico y a la discriminación por razón de sexo en la escuela concertada.

Otra exigencia fundamental de los convocantes de la protesta es que la asignatura de religión sea voluntaria, sin alternativa ninguna, no evaluable ni computable e impartida fuera del horario lectivo, así como la "derogación inmediata" de los Acuerdos con el Vaticano (1979), que regulan los estudios en esta materia.

Piden, por último, que se institucionalice el reconocimiento del derecho "de asamblea de todos los estudiantes en hora lectiva, con un cupo mínimo de cinco horas por trimestre".

Izquierda Unida anunció que enmendará la LOE durante el preceptivo trámite parlamentario para que "apueste expresamente" por la enseñanza laica y aseguró que apoyará todas las protestas.

La coalición denunció en un comunicado que la LOE "no apuesta de forma expresa" por la enseñanza pública "como eje vertebrador del sistema educativo y como garante del derecho a una educación de calidad para todos y todas en condiciones de igualdad".

Por ello, pide que la ley incluya garantías sobre el desarrollo de una red pública de centros "suficiente para satisfacer el derecho a la educación" desde la educación infantil hasta la universidad.

Si se mantuviera en sus términos actuales, según IU, la LOE podría suponer "un refuerzo de los conciertos educativos, que se pretenden extender a etapas no obligatorias".

Se consolidaría así "la red de centros privados concertados que con tanto ahínco ha desarrollado el Partido Popular (formación conservadora que gobernó entre 1996 y 2004)", añadió IU.

Para Izquierda Unida, la LOE mantiene "el adoctrinamiento religioso" dentro de la escuela y dentro del currículo, "acogiéndose a los acuerdos preconstitucionales con el Vaticano y permitiendo que los y las catequistas que imparten esa asignatura sean designados por los obispos y pagados por el Estado".

La coalición de izquierda quiere que el Gobierno denuncie los acuerdos con la Santa Sede y demás confesiones religiosas y que, mientras estén en vigor, la enseñanza de la religión en la escuela pública quede al margen del currículo y fuera del horario escolar. {pag}{ladillo}San Segundo asegura que la LOE garantiza la pluralidad y la libertad de elección{/ladillo} La ministra de Educación, María Jesús San Segundo, defendió hoy que el proyecto de Ley Orgánica de Enseñanza garantiza la pluralidad de centros de enseñanza y la libertad de elección de los padres y consideró suficientes los 6.000 millones destinados a cumplir los compromisos de la LOE en 2006.

San Segundo, que hoy acudió a la inauguración del British Council School de Pozuelo de Alarcón, lanzó un mensaje tranquilizador a la Iglesia: "La nueva ley dice literalmente que la enseñanza de religión católica se adaptará a lo establecido en los acuerdos con la Santa Sede y se adaptará a nuestra legislación", sostuvo.

Para la responsable de Educación, la decisión de la Conferencia Episcopal de sumarse a la manifestación del próximo sábado contra el proyecto socialista de reforma educativa debe obedecer a "otras razones" distintas a la posible disconformidad de los católicos con la LOE.

En cuanto a la protesta de los colegios concertados, la ministra recordó que se mantendrá en vigor la ley que desarrolla el derecho constitucional de los padres a elegir el centro de enseñanza de sus hijos e insistió en hacer partícipes en la elaboración de la reforma a todos los centros públicos, concertados y privados porque "no nos podemos permitir exclusiones".

"La cohesión que necesitamos en la sociedad debe partir desde el sistema educativo y deben participar todos nuestros centros porque la sociedad los financia a todos", advirtió.

"Creo -añadió- que el proyecto va en la buena dirección de aprender de nuestras normas del pasado, de la experiencia del sistema educativo e intentar buscar la mejores propuestas para los retos educativos de mejorar los conocimientos y competencias".

La ministra se apoyó en el reto europeo de conseguir que el 85% de los escolares terminen bachillerato o FP para defender el texto de la LOE y recordó que en los presupuestos de 2006 se han destinado 6.000 millones de euros para hacer realidad los nuevos compromisos.

Sin embargo, hizo un llamamiento a la "generosidad" porque "el acuerdo final que consigamos no puede reflejar al 100% las opiniones de partida de cada uno" y subrayó la necesidad de seguir dialogando para alcanzar el consenso y "acertar con la mejor ley posible".