El fiscal Jesús Alonso, tras consultarlo con su compañero Juan Moral, quien se ocupa de la causa contra Batasuna, pidió al juez que decretara prisión incondicional por el importante papel de Otegi en la creación del proyecto orgánico de ETA, para evitar la reiteración delictiva y para conjurar el riesgo de fuga.
El ex diputado autonómico, trasladado desde los calabozos de la Audiencia hasta la prisión de Soto del Real, podrá quedar en libertad cuando deposite la fianza, aunque se tomarán medidas cautelares, como la imposibilidad de abandonar el territorio español. Otegi deberá comparecer ante el juzgado más próximo a su domicilio dos días a la semana, lunes y viernes.
Decisión correcta
Al conocer la sentencia, el abogado que ejerce la acusación en la causa en nombre de la AVT, Pedro Cerracín, que había pedido prisión eludible con fianza de 300.000 euros, aseguró que "es una decisión absolutamente correcta", ya que el objetivo de la AVT es que el líder de Batasuna "ingrese en prisión tras un juicio justo".
Por la tarde, el magistrado dictó orden internacional de detención contra el ex parlamentario de Batasuna Jon Salaberria, quien no se presentó a la citación que tenía ante ese tribunal.
Salaberria había sido citado para declarar como imputado en el sumario y había sido emplazado además ante el tribunal para ser interrogado en relación con el llamado impuesto revolucionario.
Coche bomba en Madrid
La resolución judicial llegó horas después de que ETA hiciera estallar, una potente furgoneta bomba con unos 20 kilos de explosivo en la calle Rufino González de Madrid que causó desperfectos materiales y provocó lesiones leves a alrededor de 50 personas.
Según fuentes de la investigación e Interior, el explosivo era cloratita y el vehículo utilizado era una furgoneta Renault Express robada el martes por la noche en San Lorenzo de El Escorial. Los terroristas la aparcaron alrededor de las siete de la mañana, dos horas y media antes de su explosión.
El nuevo atentado de ETA en Madrid llega después de las dos bombas de este domingo en Zarautz y de los cuatro artefactos que explotaron días antes contra cuatro empresas de Guipúzcoa.
El pasado martes 17, el Congreso de los Diputados autorizó al Ejecutivo a realizar una negociación de paz con la banda terrorista si ésta abandonaba las armas, una decisión criticada desde el Partido Popular.