El PP se ha abstenido en la votación porque la iniciativa del PSOE "llega tarde" y es una "copia" de una resolución ya aprobada
Los tres grupos de la oposición en Extremadura, PSOE, IU-Verdes y PREx CREx, han sumado sus votos en el Parlamento regional para aprobar una iniciativa presentada por los socialistas por la que instan al Gobierno regional a introducir cláusulas sociales en las contrataciones públicas.
La propuesta socialista reclama que los pliegos de los concursos para las adjudicaciones del Gobierno extremeño incluyan cláusulas que «baremen el volumen de mano de obra implicada, la calidad del empleo, y el volumen de parados de larga duración sin prestaciones» que son contratados.
Con estas cláusulas se pretende, según ha explicado el portavoz de empleo del Grupo Socialista Miguel Bernal, que la Administración autonómica ponga la «potente herramienta» que supone la contratación pública con cargo a los fondos de la Administración regional al servicio de los parados de larga duración.
La propuesta ha recibido el apoyo de IU-Verdes y PREx CREx, mientras que el PP se ha abstenido, según ha dicho la diputada popular Beatriz Villalba, porque la iniciativa del PSOE llega tarde. Al respecto, ha señalado que es una «copia» de una propuesta de resolución aprobada por unanimidad en el pasado Debate sobre el Estado de la Región y porque, según ha dicho, el Gobierno de José Antonio Monago ya había puesto en marcha este tipo de medidas, por lo que ha pedido a Bernal que retire la propuesta de impulso.
Bernal ha defendido la necesidad de aprobar esta medida porque el Gobierno de Extremadura tiene «abandonados» a 62.000 desempleados extremeños que no perciben ingresos de ningún tipo, y que por lo tanto se encuentran en la «absoluta desprotección». Asimismo, ha señalado que hay 90.000 extremeños que llevan más de un año sin encontrar empleo y que los niveles de calidad de los puestos de trabajo es «paupérrimo».
El portavoz de Empleo de los socialistas ha subrayado que no le sorprende que el Ejecutivo de José Antonio Monago «no haya hecho nada» por mejorar la «empleabilidad», puesto que esta actitud se corresponde con el «modelo ultraliberal que practica a diario», y que pone de manifiesto, ha explicado, que el criterio del precio más bajo se ha impuesto en los procesos de contratación que pone en marcha el Gobierno autonómico.