El Pleno del Tribunal Constitucional ha eliminado el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Extremadura contra la disposición que establece medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.
La decisión del Constitucional sobre este recurso presentado por el Gobierno extremeño, el primero de los cinco que ha planteado desde 2011 en materia energética, viene recogida en un auto de 22 de julio, que aún no ha hecho público, según indica una disposición del Alto Tribunal en el Boletín Oficial del Estado. El Consejo de Gobierno del Gobierno de Extremadura acordó la presentación de dicho recurso el 16 de septiembre de 2011, debido a «los perjuicios económicos» que entendía el Ejecutivo de José Antonio Monago que causaba el citado real decreto al sector fotovoltaico extremeño, y que el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, José Antonio Echávarri, cifró entonces en unos 70 millones de euros.
El consejero señalaba en 2011 que la comunidad se veía «verdaderamente perjudicada» con el régimen transitorio establecido para los años 2011, 2012 y 2013 y con la equivalencia de horas establecida. En concreto, criticaba la aplicación de «la misma» equivalencia de las horas solares a todas las comunidades y que con ello la comunidad extremeña «se siente gravemente perjudicada» al ser una región con mayor número de horas solares.
Tras promover esta apelación, la comunidad ha presentado al Alto Tribunal otros cuatro recursos de inconstitucionalidad relacionados con el sector energético. El primero fue el Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre de medidas urgentes para la corrección del déficit de tarifa. A este le siguieron los recursos contra el Real Decreto 1 de 2012 por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la suspensión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de energías renovables; y contra el Real Decreto 20 de 2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
El Gobierno extremeño también ha recurrido al Constitucional el Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero, por el recorte de las primas a las plantas de energías renovables en funcionamiento, así como la reforma energética nacional que plantea el Real Decreto 9 de 2013 aprobada en julio de 2013.
