Cuatro de los once ex altos cargos de Adif imputados por el accidente de tren de Santiago del pasado 24 de julio ya se han negado a declarar en sus respectivas comparecencias ante el juez instructor del caso, Luis Aláez.
A los dos vocales del Consejo de Administración de 2011 en representación de los sindicatos que lo hicieron el pasado viernes se han sumado hoy otros dos exconsejeros, Juan Ángel Mairal Lacoma, jefe de gabinete del último Secretario de Estado de Infraestructuras socialista, Víctor Morlán; y Mercedes Caballero Fernández, vocal en representación del Ministerio de Hacienda, en el que era directora general de Fondos Comunitarios.
Como hicieron sus predecesores y asegura Adif que harán los once imputados, Mairal y Caballero se limitaron a comunicarle al juez que se acogen a su derecho a no declarar en este momento procesal.
Como explica David Renero en ‘El País’, la estrategia declarada de las defensas de los imputados, todos ellos con responsabilidades en Adif cuando se abrió la línea Orense-Santiago en diciembre de 2011, es esperar a que la Audiencia Provincial de La Coruña resuelva sobre los recursos presentados contra sus imputaciones con la esperanza de que las anule.
Así lo hizo el tribunal en noviembre, cuando el juez Aláez ya los había imputado por entender, como ahora, que no habían dispuesto las medidas de seguridad necesarias para paliar un despiste como el que sufrió el maquinista del tren, Francisco José Garzón, también imputado por la muerte de 79 personas.
Dos de los imputados se niegan a declarar por el accidente
Este 27 de mayo de 2014 comparecerán ante el juez otros cinco vocales del Consejo de Administración de Adif y para el miércoles están citados el último presidente socialista de la empresa pública, Antonio González Marín, y quien fue director de Seguridad en la Circulación desde que se diseñó la línea hasta un par de meses antes del accidente, Andrés Cortabitarte.
La aseguradora de Renfe, Allianz, lleva semanas enviando cartas a las víctimas del accidente de Angrois en las que les propone una indemnización determinada con una cláusula en la que establece que la liquidación es «total y suficiente», lo que, de aceptarse, supondría cerrar la posibilidad de hacer nuevas reclamaciones en el caso de que algún organismo sea condenado en el proceso judicial abierto.
