El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido que cualquier alto cargo de la Administración autonómica bajo sospecha de haber cometido una irregularidad será denunciado. «Irá al fiscal, sea quien sea», ha advertido el también líder del PPdeG, quien ha asegurado no tener constancia «directa ni indirecta» de pagos a su partido del empresario Gerardo Crespo, cabecilla de la red que investiga la ‘Operación Zeta’.
Lo ha manifestado al término del Consello de la Xunta, preguntado por la información del sumario de la ‘Operación Zeta’ según la cual Crespo habría realizado dos pagos al PP en el año 2011 por un importe de 17.000 euros. A ellos se sumarían otros realizados a altos cargos de la Consellería de Traballo, entre ellos el ya ex director general Odilo Martiñá, que habría recibido 18.000 euros.
Núñez Feijóo ha reivindicado que fue su Gobierno el que remitió a la Fiscalía hace dos años la información relativa al caso del supuesto fraude de subvenciones en cursos de formación tras realizar una inspección. «Inmediatamente lo pusimos a disposición de la Fiscalía y me reitero en que eso es lo que hay que hacer, investigar cuando haya sospechas y ponerlo a disposición de la Fiscalía», ha remarcado.
Sobre presuntos colaboradores y perceptores de supuestas retribuciones tanto con el bipartito como con el Gobierno actual, el presidente gallego ha remarcado que tendrán que dar las explicaciones que se les requieran, pero ha advertido de que «no tienen cabida» en la Administración autonómica.
El dirigente popular ha garantizado que si el Gobierno gallego cree que un alto cargo «está cometiendo alguna irregularidad» éste «irá al fiscal, sea quien sea». «Que nadie se confunda», ha sentenciado, antes de pedir que, «si alguien tiene algún indicio» de irregularidades en alguna contratación o programa autonómico, lo comunique, porque será investigado.
De hecho, ha insistido en que en el caso de los supuestos fraudes de cursos hubo «alguna persona que trabajaba en centros de formación» que denunció y que fue entonces cuando la Xunta realizó una investigación que, posteriormente, remitió a la Fiscalía.
RESPALDO A BEATRIZ MATO
Sobre si ha pedido explicaciones a la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, por lo ocurrido, el presidente ha defendido a la dirigente popular coruñesa y ha manifestado que su departamento «no hizo sino cumplir con su obligación, que es investigar».
Feijóo ha explicado que la propia Mato le hizo conocedor de las supuestas irregularidades y se decidió denunciar la situación ante la Fiscalía, además de «dejar sin efecto» cualquier otra convocatoria de empresas que estuviesen «bajo sospecha» por su vínculo con la supuesta trama.
Preguntado acerca de si cree que lo ocurrido es «algo puntual» de la Consellería de Traballo o podría haber otros casos en difrentes departamentos, ha insistido en que, «si alguien cree que la Xunta va a mirar para otro lado» ante presuentas irregularidades, «se equivoca profundamente».
De hecho, ha afirmado que mientras él sea presidente se actuará frente a cualquier irregularidad «afecte a quien afecte», ya sea «a un director xeral, a varios, a muchos o a pocos».
En cuanto a la tardanza en destituir a Martiñá –más de dos años después de la inspección de la Xunta que derivó en una investigación de la Fiscalía–, ha replicado que se actuó «en cuanto se tuvo conocimiento», y ha remarcado que hay actuaciones en este caso que proceden «de Gobiernos anteriores».
SUPUESTOS PAGOS AL PP
«Nosotros actuamos», ha insistido el presidente gallego, que ha asegurado no tener «constancia directa ni indirecta» de los supuestos pagos de Crespo al PP.
Sobre la petición del BNG de que Feijóo autorice abrir una comisión de investigación en la Cámara autonómica para depurar responsabilidades políticas, igual que hace el PP en Andalucía para aclarar lo ocurrido con los ERE, ha dicho que ambas situaciones no son solo «distintas», sino también»contradictorias».
«Si la Junta de Andalucía hubiese puesto a disposición del fiscal sospechas sobre una práctica irregular de millones de euros durante muchos años, no habría caso de los ERE de Andalucía. La ‘Operación Zeta’ la descubre la Xunta y en Andalucía es el Gobierno el que está siendo investigado».
