El secretario xeral de CIG-Ensino, Suso Seixo, ha anunciado el 5 de novimbre de 2014 que entregará a la Fiscalía una copia del informe del Consello de Contas sobre posibles irregularidades en los cursos de formación para que verifique si «hay algo de carácter delictivo». En paralelo, ha dado cuenta de que el sindicato se querellará contra la Xunta por «discriminación» en el reparto de los fondos.
En rueda de prensa acompañado del apoderado de la Fundación para la formación en Galicia (Forga), Anxo García, Seixo ha justificado la decisión de acudir al Ministerio Fiscal en la necesidad de «preservar la imagen» del sindicato y demostrar que «no existe ningún tipo de delito» por su parte.
«No dejaremos que se denigre nuestra imagen, porque tenemos la conciencia muy tranquila», ha subrayado Seixo, y ha advertido de que exigirá a los medios de comunicación que difundan información en este sentido «una rectificación pública» o, de lo contrario, se enfrentarán a «una querella por difamación e injurias».
En cuanto a la denuncia contra la Xunta, ha argumentado que ésta «actúa con mala fe» al «denegar de forma continuada» cursos a este sindicato. Así, se suma a otras «14 o 15» acciones judiciales emprendidas contra el Gobierno gallego y que han recibido «sentencias a favor» de la CIG por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
«PULCRITUD»
A renglón seguido, Seixo ha reivindicado la «pulcritud» de la CIG en la utilización de los fondos públicos destinados a cursos de formación y ha lamentado que se intente «equiparar» a su central sindical con las empresas de Gerardo Crespo, en el centro de la Operación Zeta, porque es –según sus propias palabras– «tremendamente injusto».
Y es que, si esas compañías fuesen objeto del «mismo control» al que se somete a la CIG, a juicio del dirigente sindical, casos como ése «no ocurrirían».
En paralelo, ha opinado que las informaciones sobre irregularidades en la gestión de los cursos de formación tienen un doble objetivo. Por un lado, «tapar» la vinculación del PP con el supuesto fraude llevado a cabo por Gerardo Crespo y, por otro, como ha dicho, «dar una imagen denostada del modelo» de formación vigente.
Así, ha proseguido Suso Seixo, se da el primer paso para «privatizar» el sistema y «entregar miles de millones de euros a las empresas». «Serán los grandes grupos económicos los que se lleven la formación, con un gran beneficio», ha censurado, al tiempo que ha dejado claro que para los sindicatos no constituye «un negocio» impartir formación.
«DE NEGOCIO, NADA»
En este sentido, Anxo García ha explicado que el modelo gallego impone a la administración el pago por adelantado del 20 por ciento de cada plan de formación, mientras que el 80 por ciento restante se abona «un año después, o más tarde». De este modo, el grueso del coste es asumido en primer término por el sindicato.
Es por ello que –ha aseverado– la CIG se ha visto en ocasiones obligada a renunciar a ciertos cursos o a suscribir créditos bancarios, tras destinar «miles de euros» en convertir sus centros en unos de «los mejores de Galicia». Por tanto, Seixo ha sentenciado: «de negocio, nada».
Para reforzar su postura, García ha dado cuenta de que Forga ha pedido su personación como acusación popular en la denominada Operación Zeta el pasado 24 de octubre. «Contra los que, supuestamente, defraudaron en cursos de formación», ha concretado, crítico también con que «se meta a todos en el mismo saco».
SUBCONTRATACIÓN CIG-FORGA
En cuanto a la subcontratación a Forga de cursos adjudicados a la CIG, García ha reseñado que la ley lo permite y, además, ha explicado que el pago del alquiler de locales entre ambas entidades es obligado, dado que son «dos entidades con personalidad jurídica propia». «Es todo perfectamente legal», ha remachado.
Asimismo, ha recordado que el propio informe del Consello de Contas pone de manifiesto que la CIG «no se queda con ningún porcentaje» de los fondos destinados a formación, sino que «pasa todo» a Forga. «Entregamos absolutamente todos los recursos», ha enfatizado Seixo.
En la misma línea, Suso Seixo ha vuelto a hacer hincapié en que «no hay malversación ni utilización fraudulenta» de los fondos públicos para formación por parte de la CIG, sino más bien «costes» para la organización y «discriminación» por parte de la Xunta.
EVOLUCIÓN DE LOS FONDOS PARA FORMACIÓN
Teniendo en cuenta que el citado informe data de los años 2010 y 2011, Anxo García ha explicado que la CIG es el sindicato que menos cursos recibe por tratarse de «la tercera fuerza sindical» en Galicia.
Y, sobre la evolución del dinero invertido en esta cuestión, ha indicado que la reforma laboral aprobada por el PP ha motivado que los fondos destinados a la formación de los trabajadores cayese «un 80 por ciento» y la de los parados, «un 20 por ciento».
En detalle, ha apuntado que en 2011 se invertían unos 25 millones de euros al año en cursos para trabajadores, mientras que ahora ronda los seis millones. Esa caída no responde a una bajada de los recursos, sino a que se destinan a «las empresas» y a «la formación dual», ha añadido.
