La futura ley de financiación de los partidos políticos gallegos vetará el acceso a recursos de los presupuestos autonómicos gallegos –vía subvención y para cobertura de gastos electorales– a aquellos partidos que, aún habiendo logrado representación parlamentaria, hayan recibido donaciones de personas jurídicas, aunque no prohibirá las mismas.
Lo ha explicado al término del Consello de la Xunta, el 19 de febrero de 2015, el vicepresidente, Alfonso Rueda, quien ha sustituido al presidente, Alberto Núñez Feijóo, en su habitual comparecencia de los jueves al encontrarse éste de regreso de un viaje institucional que le ha llevado a México, Perú y Colombia, además de contar con otros tres actos en su agenda.
Rueda ha anunciado que el Consello Consultivo de Galicia, al que el Ejecutivo autonómico encargó la norma comprometida por Feijóo en el último debate de política general de la comunidad, ya ha remitido el texto y ha situado las nuevas exigencias para acceder a recursos de los presupuestos autonómicos entre sus principales novedades.
Y es que, cuando entre en vigor la nueva ley no bastará obtener representación parlamentaria para acceder a las subvenciones autonómicas, sino que los partidos las tendrán vetadas si reciben donaciones de personas jurídicas y anónimas, «prohibición» que se extenderá a las fundaciones y asociaciones ligadas a los mismos.
Conforme el actual marco normativo, las fundaciones anónimas están prohibidas ya por la ley estatal, pero las jurídicas tienen amparo legal.
Aunque el presidente gallego había sido más contundente al anunciar la prohibición de las donaciones de personas jurídicas a los partidos, la ley autonómica del Consultivo no ratifica eesta vía y se ciñe a condicionar su acceso a la financiación pública gallega, toda vez que un paso más amplio no tendría encaje legal y confrontaría con la norma estatal.
«MÁS CONTROL» DEL CONTAS
La norma también otorga un papel de «más control» al Consello de Contas para fiscalizar no solo el uso de los recursos subvencionados por las arcas autonómicas, sino también en la actividad económico-financiera de los partidos, además de incrementar la «transparencia» con obligación de publicidad de las subvenciones aportadas a las formaciones y asociaciones vinculadas.
El proyecto de ley será remitido de inmediato al Parlamento, con el objetivo, en palabras de Rueda, de lograr «el máximo consenso posible». Según la previsión del vicepresidente y a la espera de los tiempos que marque la tramitación parlamentaria, podría estar aprobada antes de que finalice el actual periodo de sesiones, que se prolonga hasta junio.
Precisamente en este escenario de búsqueda de consenso, preguntado sobre la decisión del BNG de prescindir del envío de papeletas para las próximas elecciones municipales de mayo y su petición al resto de partidos de que se sumen, el número dos del PPdeG ha subrayado que la propuesta del Consultivo no incorpora esta cuestión, pero se ha abierto a estudiarla durante su tramitación.
«Es el momento de formular estas cuestiones», ha aseverado, al tiempo que, cuestionado sobre las sospechas de financiación ilegal en el PP de Ourense, se ha limitado a informar que los dirigentes de la formación provincial ya han dado «explicaciones» que «respeta» la dirección autonómica del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.
