El PP ha utilizado su mayoría absoluta en el Parlamento gallego para rechazar en torno a 800 enmiendas presentadas por la oposición –PSdeG, AGE, BNG y grupo mixto– y para aprobar definitivamente y en solitario la ley de empleo público de Galicia.
En el pleno de la Cámara, el 28 de abril de 2015, la diputada popular Paula Prado ha reivindicado que «se está ante la ley de la recuperación económica», al asegurar que la norma restituye el poder adquisitivo de los funcionarios, «incorpora nuevos derechos» en el ámbito de la maternidad y la conciliación familiar y sale adelante «en un contexto de crecimiento económico» en el que, ha dicho, se da por terminado «el esfuerzo» que se les pidió a los empleados públicos durante la crisis.
Tras señalar que gran parte de las enmiendas de la oposición eran repetidas y recogían propuestas de los sindicatos –únicamente han sido transaccionadas tres, dos del PSOE y una del grupo mixto, de 805 que se mantuvieron vivas para este último debate–, Prado ha calificado la norma de «vanguardista» y propia del «siglo XXI», puesto que, a su juicio, «permitirá modernizar y racionalizar» la administración pública y «profesionalizar» a sus trabajadores, además de favorecer «una mejor prestación de los servicios públicos», que redundará en beneficio de la ciudadanía.
Por el contrario, la oposición, que ha votado en contra, ha lamentado la «pérdida de oportunidad» para sacar adelante un texto, al amparo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que «garantizase» principios como la transparencia y la eficiencia en la administración pública, en contra de otros con que vincula al texto, como la «arbitrariedad» tanto en la carrera profesional como en las retribuciones.
«EL MODELO TELEFÓNICA»
En concreto, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, ha criticado que lo que sale del debate es una «ley del Partido Popular», y ha censurado que esta «ratifica y empeora el modelo existente», a través de un «reforzamiento» del poder ejecutivo y del «poder político», pero con la merma de «garantías» para los ciudadanos y los trabajadores públicos.
Por parte de Alternativa, su viceportavoz, Yolanda Díaz, ha hablado de «privatización y precarización» de la administración, al asegurar que con esta ley el Gobierno autonómico «incorpora el modelo Telefónica de relaciones laborales, que es depredador». «Ni carrera profesional, ni administración moderna, ni administración neutra», ha agregado, antes de advertir de que el texto «va a provocar una situación de persecución y listas negras».
La parlamentaria del Bloque Tereixa Paz ha observado en la norma, propia «de la época feudal», una «nueva puerta de entrada para el control político en la administración»; mientras, en representación del grupo mixto, Consuelo Martínez ha atribuido carácter «antidemocrático» a su tramitación, en la que, «en vez de un avance», identifica «un retroceso» en cuanto a los derechos ciudadanos y de los trabajadores públicos.
«MÁS RESTRICTIVO QUE LA NORMA ESTATAL»
Por su parte, la diputada popular ha resaltado que el primer borrador de esta nueva ley fue trasladado a los sindicatos hace dos años, en respuesta a las acusaciones de falta de consenso en el proceso de negociación con la Consellería de Facenda.
Además, ha indicado que no ve «ninguna posibilidad de colocar a ningún afín» con este texto legal, que, en el apartado del personal directivo, es «más restrictivo que la normativa estatal vigente».
Ya en el turno de réplica, ha negado que haya «una regulación abusiva» en lo referente a los servicios mínimos durante las huelgas, y ha reiterado que «en ningún caso establece una valoración subjetiva por parte del superior» del empleado público.
Asimismo, Prado ha apelado a las organizaciones sindicales para contar con ellas durante el desarrollo de la ley y ha aludido al aspecto del idioma para reprochar a los nacionalistas que hagan una defensa del gallego «alejada de la ciudadanía», frente al «resto de los grupos» que, ha afirmado, defienden «igualmente la lengua» propia como «oficial y prioritaria en Galicia».
PROTESTA A LAS PUERTAS DEL PARLAMENTO
Coincidiendo con el término del debate de la ley, y momentos antes de su votación, más de un centenar de sindicalistas se han concentrado a las puertas del Pazo do Hórreo para mostrar su rechazo a la ley y para protestar contra la acción del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo, coreando consignas como «La Xunta de Galicia recorta y privatiza» y para exigir «servicios públicos y de calidad».
Bajo el lema ‘en defensa de los salarios, del empleo y de los servicios públicos’, la movilización fue convocada en un primer momento por la CIG, pero a la cita se han unido finalmente también representantes de UGT, CC.OO. y CSIF, estos tras otra pancarta en la que también estaba incluida la central nacionalista y que proclamaba la ‘defensa de los servicios públicos’.
En declaraciones a Europa Press, la coordinadora del área pública de la CIG, Carmen López Santamariña, ha dicho que esta ley, «para empezar, no contiene para nada visos de recuperación del empleo público».
«CIG desde un principio pidió que se contemplara mínimamente la recuperación de derechos, no solo económicos sino también de carácter social, para los trabajadores de la administración», ha llamado la atención, antes de confrontarlo con el texto, que, ha asegurado, tal y como se vota no les «vale».
