Los grupos de la oposición -PSdeG, AGE y BNG- han cuestionado la continuidad de Dositeo Rodríguez como conselleiro de Contas (cargo designado por el Parlamento) tras su imputación en la investigación sobre la Fundación Camilo José Cela, aunque los socialistas se han mostrado «prudentes» y no han solicitado su dimisión, como sí han hecho las otras dos fuerzas políticas.
Al margen de la petición de explicaciones, el Bloque ha solicitado abrir una comisión de investigación sobre el uso de los fondos públicos de esa entidad que fue rescatada por la Xunta en 2010, cuando estaba en quiebra. Se da la circunstancia, asimismo, de que el Consello de Contas tiene que fiscalizar las cuentas de esta entidad en su plan de trabajo. Esta petición ha sido respaldada por AGE.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, en la imagen superior, ha reconocido que «ciertamente» no es una situación «deseable» que un miembro del Consello de Contas esté imputado para contribuir a la mantener la imagen y el prestigio de las instituciones, y ha reiterado que los populares estarán atentos a la evolución judicial.
La imputación del miembro del Consello de Contas tiene que ver con la marcha del que era director gerente de la entidad, Tomás Cavanna, al respeto de lo que la jueza sospecha que hubo una «simulación» de despido, para «beneficiar económicamente» a esta persona.
RESCATADA POR LA XUNTA
El patronato de la fundación aprobó en 2010, por unanimidad, un despido y una indemnización de 150.000 euros, que formaron parte de la cuantía del plan de viabilidad de la fundación. Para garantizar el futuro de la Camilo José Cela, la Xunta firmó su una addenda al convenio que mantenía con la entidad, lo que supuso un rescate con 230.000 euros, en los que se incluyó este despido y pasó a ser una entidad pública.
Preguntado en rueda de prensa por si considera ético que más de la mitad del dinero que se usó para rescatar la fundación se emplease para el pago de una indemnización de uno de los trabajadores y si cree que debería extenderse esta práctica a otras empresas en quiebra en las que sus trabajadores no cobran sus despidos, Pedro Puy contestó que era una «cuestión de 2010 y que, por lo tanto» él no tenía «nada que decir» salvo que el objetivo de la Xunta fue «mantener un patrimonio cultural en Galicia, que cada uno puede valorar en términos económicos como estime conveniente».
Yo no participé en la decisión y no conozco nada más que algunos de los detalles que se están dando estos días, y cuando no conozco a fondo un tema, no me gusta dar juicios éticos ni establecer términos de comparación cono ninguna empresa que no sé en qué términos se encuentra. Por lo tanto me voy a excusar de hacer un juicio ético.
SOBRE LA PERMANENCIA DE RODRÍGUEZ
Pedro Puy, que ha manifestado desconocer si Dositeo Rodríguez todavía milita en el PP (es habitual que los miembros del Consello de Contas causen baja de sus partidos al ser elegidos), se remitió también al comunicado de prensa emitido por la Xunta en el que dijo que la indemnización se había pagado en un contexto de «reducción drástica de gastos» de personal.
En cuanto al hecho de que Contas tendrá que fiscalizar las cuentas de la fundación, Pedro Puy ha indicado que «parece obvio» que en este caso, «hay motivo para que el conselleiro deba inhibirse en la participación del informe», como así lo recoge la ley que regula este órgano.
Pero en cuanto a si debe dejar el puesto, ha aclarado que el Parlamento no puede revocar el nombramiento y ha apelado a la reflexión que había realizado previamente Xosé Manuel Beiras (AGE) para indicar que deben ser «reflexiones personales» las que propicien dejar ese puesto.
EL PSDEG PIDE EXPLICACIONES A LA XUNTA
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Méndez Romeu, ha manifestado que su grupo está «esperando un tiempo prudencial», con el fin de que la Xunta dé «una explicación», ya que había miembros de la administración autonómica en la reunión en la que se aprobó el despido de Tomás Cavanna.
Concretamente, estaba el entonces conselleiro de Cultura, Roberto Varela, y el de aquella secretario de la Presidencia de la Xunta y hoy conselleiro de Facenda del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, Valeriano Martínez.
De hecho, la jueza instructora ha manifestado que, una vez tome declaraciones a los cinco imputados llamados a declarar en julio, se determinará «la intervención» de estas personas en la decisión de la junta, y ya ha pedido a la UDEF que localice sus domicilios de los dos miembros de la administración que formaron parte de aquella reunión, junto con la de los otros integrantes, entre los que también se encontraban el exrector de la USC Senén Barro.
