Las entidades de crédito, sus filiales inmobiliarias y las instituciones de gestión de activos (incluidos los procedentes de la reestructuración bancaria) tendrán que comunicar en Galicia las viviendas vacías que poseen en ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.
La Xunta establecerá esta obligatoriedad a través de un decreto que ahora comienza el proceso de participación pública y que la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Ethel Vázquez, espera que el Gobierno apruebe reunido en Consello en el cuarto trimestre de este año.
Así lo ha destacado el 17 de junio de 2015 en la presentación de esta nueva iniciativa, enmarcada en el plan social de lucha contra la desigualdad económica que promueve el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo, en una rueda de prensa junto al director del IGVS (instituto gallego de vivienda y suelo), Heriberto García.
Ambos, preguntados por la estimación de viviendas vacías en el conjunto de la comunidad gallega, han remitido al último dato estadístico aportado por el INE (instituto nacional de estadística), que sitúa en el 18,6% del total del parque de viviendas las que se encuentran en esta situación, casi 299.400, con cifras de 2011 (el mayor porcentaje de todas las autonomías).
Al respecto, los dos dirigentes han advertido en varias ocasiones de que este número incluye «todo tipo de viviendas vacías», como las que están en ruinas, y han precisado que el censo que persigue configurar con esta actuación la Xunta busca reunir únicamente las viviendas vacías que son propiedad de entidades de crédito, por lo que no alcanzará un valor equivalente.
PLAZOS
El anteproyecto de decreto, que estará sometido un mes al proceso de participación pública, establece, en el caso de estas entidades obligadas, un plazo de seis meses a partir de la licencia de primera ocupación para comunicar la existencia de viviendas de nueva construcción vacías (a través de una plataforma informática). Para las usadas, el periodo es de cuatro meses contados a partir del momento en que se queden sin inquilino.
En el resto de casos -distintos a la titularidad por parte de una entidad de crédito, filiales inmobiliarias o sociedad de gestión de activos en municipios de más de 10.000 habitantes-, la inscripción en el censo será voluntaria, aunque la Xunta se reserva la posibilidad de ampliar la obligatoriedad en el caso de detectar «demanda» de viviendas también en localidades de menos población.
MEDIDAS
En su capítulo tercero, el texto recoge medidas «para favorecer la ocupación de las viviendas vacías». «Tenemos mucho hecho pero queda mucho por hacer», ha valorado la titular del departamento autonómico, antes de explicar algunas de estas acciones, que van desde el impulso de firmas de acuerdos como el recientemente suscrito con Abanca, hasta la intermediación, «a fin de favorecer la efectiva ocupación de las viviendas, facilitando fórmulas de concertación de arrendamientos o adquisición entre los propietarios y los demandantes de vivienda».
Asimismo, otra medida prevista es la que se refiere a la posibilidad de ofertar al IGVS una vivienda vacía para su adjudicación a través del registro único de demandantes de vivienda, tanto en alquiler como en venta, «siempre que se ajusten a los precios máximos establecidos para viviendas protegidas».
Otra opción, con previo consentimiento del propietario, es la que permite que las viviendas inscritas en el censo sean utilizadas en los programas de fomento del alquiler que desarrolla el IGVS o las administraciones locales.
A mayores, en casos en que exista demanda de viviendas de promoción pública acreditada, el IGVS podrá realizar una oferta pública de adquisición con objeto de su adjudicación conforme al procedimiento establecido para estas viviendas.
A estos efectos, según expone el decreto, el instituto de vivienda podrá también recurrir a la modalidad de viviendas de promoción pública concertada.
«LA INFORMACIÓN NO LLEGA»
La titular de la consellería ha insistido en que Medio Ambiente atendió «el 100% de los casos que cumplían los requisitos» en las demandas del plan de realojo para afectados por desahucios en Galicia, y ha cifrado en 41 los beneficiarios, aunque «algunos renunciaron».
Además, ha reiterado que interpreta que «la información no llega» a los potenciales usuarios de estos programas, de ahí que su departamento haya llegado a acuerdos con el Valedor do Pobo y otras instituciones, con el objetivo de difundir estas medidas.
