El varapalo para el gobierno local, como subraya Pepe Seoane en ‘La Voz de Galicia’, es evidente.
Javier García Gago, que había sido jefe de servicio de personal durante los últimos mandatos del PP y ahora es secretario de la sección sindical de la CIG, aparte de amigo personal y asesor reconocido de la sección pachista del grupo local del PSOE, ha promovido en los últimos meses varias acciones judiciales contra distintos miembros del gobierno local, señaladamente contra el alcalde Agustín Fernández y las concejalas Áurea Soto y Marga Martín.
El equipo del regidor llegó al pleno de diciembre con informes técnicos internos que decían que el nivel de ingresos del funcionario superaba en el Concello de Orense los ingresos máximos legales para poder optar a la compatibilidad, por lo que no se le podía autorizar a que añadiera otros 656 euros por la docencia como profesor asociado.
El juez, analizadas la fechas, no entra en valoraciones sobre otros aspectos que pudieran ser susceptibles de valoración para justificar la compatibilidad. Como que algunas clases se impartan en jornada matinal. Sencillamente, se excedieron los plazos, entiende el magistrado.
«Habría transcurrido con creces el plazo de cuatro meses de que disponía la administración para resolver y notificar la resolución al interesado, por lo que se produjo la estimación de su petición -de compatibilidad- por silencio administrativo».
Aunque la sentencia deja claro en su texto que es firme, el gobierno local buscaba ayer alguna grieta para recurrirla.
El funcionario, sea como fuere, ya no necesita jornadas de vacaciones u horas sindicales para cubrir el horario docente, como se constata en el informe interno municipal correspondiente al primer trimestre del curso.
El horario matinal lo compensa, según los pachistas dijeron en un escrito, estando a disposición casi de servicio permanente.
