La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha anunciado este lunes, en su primera aparición pública tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, que su Gobierno propondrá a los legisladores argentinos un proyecto de ley para disolver la Secretaría de Inteligencia, según ha informado el diario ‘Clarín’.
Una semana después de que se confirmara la muerte del fiscal Alberto Nisman, la presidenta de Argentina compareció durante casi una hora en cadena nacional, es decir, ante todos los canales de radio y televisión, para anunciar un proyecto de ley que contempla la disolución de la Secretaría de Inteligencia.
La presidenta achaca a este organismo la denuncia que Nisman planteó contra ella, así como buena parte de las denuncias que también se ha planteado contra su Gobierno en los últimos años.
Y el origen de esos planteos judiciales que sufrió Fernández tuvo su origen, según la presidenta, en el acuerdo que su Gobierno firmó con Irán en 2013 sobre los atentados de la AMIA.
Fernández de Kirchner aseguró que la disolución de la Secretaría de Inteligencia), más conocida por los argentinos por su antiguo nombre de SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) es una deuda que tenía la democracia desde 1983.
La presidenta pretende iniciar el trámite legislativo del proyecto esta misma semana, antes del viaje que emprenderá el próximo sábado a China. La reforma concluirá “en un plazo no prorrogable de 90 días” con la creación de la Agencia Federal de Inteligencia.
Esta nueva Agencia estará a cargo de un director y un subdirector general, que serán nombrados por el Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado. Con la entrada en vigor del proyecto, el sistema judicial de escuchas -es decir el de los pinchazos de teléfono- ya no dependerá del Ejecutivo sino del ministerio público fiscal. Y los agentes solo podrán tener contacto con jueces y fiscales a través del director del organismo.
La presidenta volvió a insistir sobre la idea, ya avanzada en las dos cartas que publicó en Facebook la semana pasada, de que a Nisman le escribieron su denuncia contra ella agentes de los servicios secretos.
“No hay un solo abogado”, señaló, “un solo doctrinario, un solo magistrado que, una vez que se conoció la denuncia, pueda creer que eso haya sido escrito por un abogado, mucho menos por un fiscal. No puede caber en la cabeza de nadie”.
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