La crisis económica tiene consecuencias en todos los aspectos de la vida nacional y el de la lucha contra la inmigración ilegal es uno más de ellos.

Desde hace cerca de dos años la Administración opta por imponer multas a aquellos extranjeros en situación irregular en España que no hayan delinquido, en lugar de por la expulsión.

La nueva situación se ajusta mucho mejor a la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual el mero hecho de estar en situación ilegal en España no debe suponer la expulsión del inmigrante, salvo que esté relacionado con alguna actividad delictiva.

Pero las razones de fondo son mucho más prosaicas. En primer lugar, las expulsiones son muy caras y cuando se dictan no siempre pueden cumplirse.

Pero es que además, cuando se impone una multa al extranjero -la cuantía mínima es de 500 euros y en algunas circunstancias el estado permite el pago fraccionado-, al menos hay un retorno económico para las arcas públicas.