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Comuneros mapuches encarcelados en la prisión de Angol, en la provincia chilena de Ercilla, denunciaron ayer ante un grupo de corresponsales extranjeros haber sido víctimas de torturas, racismo y creación de falsas pruebas para ser inculpados por la Policía y la Fiscalía como terroristas.Los comuneros, pertenecientes a la comunidad de Temucuicui, en la provincia araucana de Malleco, están acusados de participar en el asalto, incendio y tiroteo de un camión y un automóvil ocurridos el pasado 11 de octubre.

"Fuimos detenidos en Ercilla por unos 50 policías de Investigaciones y de Fuerzas Especiales de Carabineros; nos tiraron al suelo y nos golpearon", explicó en la cárcel Felipe Huenchullán, de 23 años.

Esposados y sin zapatos, fueron trasladados a Collipulli y de allí a la comisaría de Victoria, según el testimonio de Felipe Huenchullán, hermano del "werken" (portavoz) de la Comunidad Atónoma de Temucuicui.

Tras prestar declaración ante el fiscal Miguel Ángel Velázquez, los comuneros fueron trasladados al calabozo de la comisaria, pero Huenchullán afirma que cuatro agentes lo sacaron por la noche en una camioneta y se lo llevaron a un campo, donde lo torturaron hasta quedar inconsciente.

"Me interrogaron, me pegaron y amenazaron con matar a mi familia. Quedé inconsciente; cuando desperté en la camioneta, vomité. Los policías dijeron que habían allanado (registrado) mi casa y que habían encontrado armamento".

De regreso a la comisaría de Victoria, este joven sostiene que un Policía le dijo que iba a violar a su mujer y que jamás volvería a ver a su pequeña hija.

Los cinco jóvenes recluidos en Angol están acusados de asociación ilícita terrorista, homicidio frustrado terrorista, homicidio frustrado, incendio y robo consumado, cargos por los que podrían recibir una condena de hasta 40 años de prisión.

Cuando la Fiscalía formuló los cargos contra ellos, los comuneros se negaron a recibir los servicios de la defensoría legal mapuche, porque desconfían del Estado chileno.

Este fin de semana recibieron la visita del abogado Pablo Ortega, quien está estudiando hacerse cargo de la defensa de los detenidos, junto con un equipo de defensores de derechos humanos entre los que están Adolfo Montiel, un veterano abogado de Concepción.

Según la organización defensora de derechos humanos Agrupación Liberar, en Chile hay un total de 50 presos indígenas, más que en Perú o Colombia, países donde hay conflictos armados que afectan a comunidades indígenas.

El abogado Montiel criticó que en el conflicto mapuche se esté aplicando la ley antiterrorista, que fue aprobada en 1983, en plena dictadura militar.

En declaraciones a corresponsales extranjeros, este abogado también denunció que a los detenidos se les pueda acusar doblemente, en aplicación de la legislación militar y de las leyes penales ordinarias, lo cual puede conducir a la "aberración" de ser condenados dos veces por un mismo delito.

En tanto, el abogado Pablo Ortega denunció que "a la Policía se la enseña a torturar" y que los cargos contra los mapuches son obtenidos mediante amenazas y con la utilización de testigos protegidos a cuyos testimonios no tiene acceso la defensa hasta que han transcurridos 70 días y se levanta el secreto del sumario.