El desquiciado plan presupuestario que el 15 de octubre de 2018 por la tarde envió el Ejecutivo a la Comisión Europea incluye una subida al diésel que recaudará 670 millones y que, además de afectar a clases medias y particulares, también puede incidir sobre los profesionales que utilicen el vehículo para su actividad y este vaya a gasóleo, lo que tiene en vilo a cientos de miles de autónomos.
La razón es que el plan presupuestario detalla que el aumento de la tributación se producirá «sin afectar a transportistas y agricultores» de forma que no recaerá sobre el «gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado».
El problema de este escenario es que la bonificación del gasóleo de uso profesional solo beneficia a vehículos para el transporte de mercancías con un peso igual o superior a 7,5 toneladas -lo que incide sobre grandes transportistas-, así como aquellos vehículos ligeros para este fin con autorización preceptiva y los taxistas con las preceptivas autorizaciones y taxímetro.
Ello dejaría fuera a los autónomos fuera de estos colectivos que utilizan el vehículo para su actividad, así como aquellos taxistas y repartidores que no están bajo este régimen bonificado del gasóleo de uso profesional, y que suman más de 130.000 profesionales, señalan fuentes del sector.
