Cada vez que oigo que alguien se pone estupendo hablando del futuro del Sahara y del contencioso territorial con Marruecos me viene a la cabeza la situación y las circunstancias históricas que aparejan las ciudades españolas de Ceuta y Melilla.

A mi juicio, esa y no otra, es la cuestión de fondo que explica la posición del Gobierno español en el caso de la activista saharaui Aminatu Haidar. Prudencia, sería la palabra.

Más allá de los argumentos morales que reviven el antecedente colonial del territorio saharaui que Rabat les disputa a los habitante de aquella antigua provincia española -legalmente nunca fue descolonizada y el contencioso sigue pendiente en las Naciones Unidas-, la responsabilidad política de España es limitada.

Es verdad que en tiempos el PSOE apoyó la causa del Polisario, pero ya con Felipe González en La Moncloa, tras el ametrallamiento del pesquero canario "Junquito", se enfrió mucho aquella relación.

Por su parte, Zapatero ha optado por una vía pragmática que, por decirlo en corto, prima la relación con Rabat por encima cualquier otro interés o afinidad ideológica.

Es verdad que la idas y venidas de los funcionarios de Exteriores para intentar arreglar el caso de la activista saharaui que mantiene el pulso de la huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote pueden resultar sorprendentes.

Buscar un cierre rápido del caso, forzando la maquinaria, parece registro ajeno a los usos tradicionales de la diplomacia.

Pero, en este caso, no seré yo quien critique al ministro Moratinos por intentar resolver la cuadratura del círculo sin perder de vista las prioridades de fondo de la política española respecto de Marruecos.