El sector agrario de Argentina inicia una huelga comercial de «impacto político»

El sector agrario de Argentina inicia una huelga comercial de "impacto político"
. EFE/Archivo

Las patronales agropecuarias de Argentina iniciaron hoy una huelga comercial de siete días que promete no generar desabastecimiento ni alza de precios, pero sí «un impacto político» en el inicio del año electoral en el país, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de alimentos.

El cese en la comercialización de granos, que se extenderá hasta la medianoche del próximo domingo, agudiza el enfrentamiento que mantiene desde 2008 el sector agrario con el Gobierno de Cristina Fernández, a quien el oficialismo señala como candidata a la reelección en los comicios de octubre próximo.

Las asociaciones del campo iniciaron la novena huelga comercial en casi tres años en rechazo a la política que el Gobierno aplica a los productores de trigo que, según las patronales, provoca pérdidas por las distorsiones generadas en el precio del cereal.

Las entidades se oponen a los cupos a la exportación de trigo y maíz establecidos por el Gobierno desde 2006 para garantizar el abastecimiento interno e impedir mayores subas en los precios.

Consideran además «insuficiente» el levantamiento de las trabas para las ventas al exterior dispuesto el miércoles pasado por el Ministerio de Agricultura.

«Reclamamos la apertura total de las exportaciones, que se cambie el sistema de comercialización y que los productores trigueros reciban el precio pleno de la producción de trigo que venden», sostuvo hoy el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Biolcati, en declaraciones radiales.

Los productores de trigo consideran que la regulación oficial anula la competencia entre los molineros y los exportadores, que pagan por el trigo un 20 por ciento menos en relación con el precio internacional luego de descontados los impuestos a la exportación (unos 60 dólares por tonelada del grano), argumentan.

El subsecretario de Agricultura, Oscar Solís, reiteró hoy que el Estado controlará desde esta semana a los molineros y exportadores para verificar si pagan a productores un precio menor al que estipula el mercado internacional.

«No le encuentro el sentido a la protesta porque nosotros reconocemos el problema y estamos en dirección a resolverlo. Argentina tuvo (en la campaña 2010-2011) una producción histórica de trigo. Y el productor necesita vender», aseguró a su vez el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, al recordar que la huelga comienza en plena época de venta de la cosecha.

Domínguez opinó que la protesta sólo perjudica al productor, mientras fuentes del sector coinciden en que no afectará a los exportadores porque tienen grandes inventarios.

El Gobierno intentó el miércoles desactivar las protestas al anunciar la liberación para la exportación de un remanente de tres millones de toneladas de trigo, pero las patronales anunciaron ese mismo día la huelga, horas después de mantener una reunión con Domínguez, que por ese motivo suspendió su participación en la gira de Fernández por Kuwait, Qatar y Turquía.

El líder de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, explicó hoy que el cese de ventas «puede demorar unos días el cargar algún barco pero no tiene impacto en la vida económica, mucho menos en la vida cotidiana de la sociedad».

«Es una señal importante del descontento de los productores por las medidas tomadas los últimos cinco años. Las medidas no llegan a sentirse en el desabastecimiento en la población. Es una medida simbólica de impacto político», definió Biolcati.

Los dirigentes buscaron así acallar la alarma sobre la posibilidad de que se repitan las consecuencias económicas que generaron las protestas de 2008 en repudio a un sistema de impuestos móviles a las exportaciones de granos al que el Parlamento puso freno finalmente.

Las protestas se extendieron durante meses en 2008 y volvieron en 2009, pero las divisiones internas entre las cuatro principales patronales agrarias impidieron sostenerlas en 2010.

«La agenda política de 2008 debe ser retomada. Los representantes de la oposición deberían tomar temas que en el Parlamento no han avanzado», sostuvo Buzzi.

El año pasado accedieron al Legislativo una docena de dirigentes del sector agropecuario en representación de fuerzas de la oposición.

Las asociaciones del campo, que reúnen a unos 290.000 afiliados, también consideraron «más de lo mismo» la concesión de créditos por 210 millones de dólares a seis meses de plazo y sin intereses, presentada por Fernández el martes, para que los «trigueros» puedan retener su cosecha para venderla en el momento del mejor precio.

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