Desde el 20 de agosto de 2015, con la aplicación del «Operativo de Liberación del Pueblo» (OLP) en el estado Táchira, se vulneraron los Derechos Humanos a los ciudadanos y con el anuncio del estado de excepción, se agudizaron las arbitrariedades que ha venido cometiendo el régimen contra la población de la región fronteriza, con actos considerados típicos de tiranías. Así lo señalan el diputado de la Asamblea Nacional por el circuito 1 del estado Táchira, Walter Márquez y la candidata de la Unidad Democrática por esa jurisdicción, Laidy Gómez.
Gómez destacó que desde el jueves se realizaron allanamientos en diversas comunidades de San Antonio: «Tengo la denuncia de que a los comerciantes que se le conseguía inventario con factura superior a cinco días de data, se les incautaba porque se les consideraba que era acaparamiento». Con la posterior declaración del estado de excepción, las violaciones a Derechos Humanos se agudizaron hasta hacerse graves, destacan los dirigentes tachirenses.
«Hay un hecho importante que tenemos que destacar: el Gobierno de Chávez pasó inicialmente de una democracia a una dictadura. Ahora, con la administración de Nicolás Maduro, se pasó de una dictadura a una tiranía, porque tiranía es la que prescinde del estado de Derecho. Desde el punto de vista constitucional, y los tratados internacionales, para que se declare un estado de excepción deben pasar circunstancias que afecten gravemente la vida de la nación, no hechos aislados, como la muerte de estos tres oficiales y un civil, sobre la cual hay muchas versiones», comenta el parlamentario Márquez.
«El gobernador del Táchira, José Vielma Mora, está al frente de los operativos con un uniforme de combate, declarando que se está haciendo una limpieza en el Táchira. Eso recuerda las limpiezas étnicas que han hecho en Ruanda o las limpiezas que hicieron los nazis. Muy grave lo que está ocurriendo con el Gobernador del Táchira, que merece ser denunciado, junto a Nicolás Maduro, en la Corte Penal Internacional por delitos de Lesa Humanidad», indicó Márquez.
Gómez destacó la gravedad en el sector Ezequiel Zamora del estado Bolívar, donde habitan más de 5.000 familias. «Es un sector que durante 12 años generó habitabilidad, a pesar de ser la franja fronteriza, condición que la hace zona de seguridad fronteriza. Hace 12 años, con la gobernación revolucionaria de Ronald Blanco La Cruz, se permitió la habitabilidad de familias en esa localidad, y desde entonces se construyeron viviendas en esa zona. Ahora, el domingo, ingresaron maquinaria pesada, a la ciudadanía se le limitó el derecho al libre tránsito, no se les permitió a la gente salir de sus viviendas desde el sábado, salvo ir a bodegas a comprar algunos insumos y con la maquinaria pesada, se marcaban las viviendas con las letras ‘R’, de revisada o con la letra ‘D’, de ciudadanos que eran de personas que fueron deportadas o porque las casas serían demolidas».
«Se derribaron viviendas, se deportaron familias, se desalojaron familias de este sector. Las madres que se deportaron tienen hijos menores de edad que nacieron en Venezuela. En este momento, el Gobierno colombiano está recibiendo a los deportados en el coliseo de Cúcuta. Desconocemos el destino de estos hijos venezolanos de madres extranjeras. Me informan que algunos niños quedaron con su padre que era venezolano, otros quedaron en manos de algún familiar y se me informó un caso particular de un niño de pecho que quedó en manos de vecinos», denunció Gómez.
«Se está vulnerando el derecho del niño de mantener contacto directo con sus progenitores. Se generó la fractura del vínculo materno. No conocemos cuál va a hacer el destino o el procedimiento a seguir», denunció la candidata, quien agrega que en ese sector funciona la base de las misiones, consejos comunales y servicios públicos.
