Ningún otro proceso judicial ha llamado la atención internacional tanto y tan sostenidamente como el del opositor venezolano Leopoldo López.
Desde organismos de protección de los derechos humanos, encabezados por las más altas instancias de la ONU y la OEA, hasta presidentes y expresidentes tan diversos ideológicamente como Barack Obama y José Mujica, así como el Papa Francisco, han abogado por la libertad del preso político más emblemático de Venezuela, condenado a 13 años, 9 meses y 7 días de prisión por «usar el arte de la palabra», como se indica en el fallo de la juez Susana Barreiros.
López, que este domingo cumple 676 días preso, ha superado el encierro y un juicio a puerta cerrada para promover el debate sobre las deficiencias democráticas en Venezuela y las transformaciones institucionales que adquieren mayor viabilidad tras las legislativas del 6 de diciembre.
En la entrevista que ha concedido a Edgar López del diario ‘El Nacional’ de Caracas, el tenaz opositor afirma tajante que la transformación necesaria e impostergable no se limita a la alternancia en la conducción del Estado, sino que debe orientarse a garantizar la plena vigencia de los derechos consagrados en la Constitución sin exclusión alguna.
La oposición ha ganado las elecciones y de forma abrumadora, pero en Venezuela solo ha cambiado el Legislativo. El resto de los poderes públicos sigue controlado por el oficialismo.
-Haber ganado representa la conquista para la lucha democrática de una institución fundamental y representa un debilitamiento de la dictadura, en la búsqueda de su quiebre definitivo. Pero también queda claro que para que Venezuela cambie definitivamente debemos recuperar todas las instituciones. Hoy el TSJ nombrado inconstitucionalmente y que se pretende «renovar» entre gallos y madrugadas para incorporar más incondicionales al régimen antes de que se instale la nueva Asamblea, sigue secuestrado, imposibilitando que haya verdadera justicia en Venezuela. El Defensor del Pueblo solo defiende a la dictadura. La Fiscal General de la República protege a los poderosos y en Venezuela las víctimas que se atreven a denunciar son los que terminan acusados y encarcelados. La Contraloría General de la República solo funciona en épocas electorales para inhabilitar a todo el que piensa distinto, mientras de forma cómplice observa el mayor robo y saqueo que se ha hecho al pueblo venezolano en su historia. El CNE nuevamente jugó un triste papel en este proceso electoral, permitiendo la campaña más abusiva de la historia y extendió de manera ilegal la votación el domingo en un acto desesperado de la dictadura. Con la victoria popular del 6-D, la dictadura está debilitada, sí, pero aún mantiene secuestrados a los otros poderes del Estado y, como ya anunció Maduro, los usará para desconocer la voluntad del pueblo. Estoy seguro que nuestros diputados de la Unidad se mantendrán firmes y harán respetar la voluntad popular y que debemos manejar la victoria con humildad y serenidad. La dictadura está debilitada, pero aún vivimos en ella y nuestro pueblo votó para cambiar un sistema que lo oprime, que lo humilla y que imposibilita que pueda encontrar las soluciones a sus problemas más sentidos. La dictadura está debilitada y es nuestro deber no darle respiro. Si Maduro y el resto de las cabezas de los poderes secuestrados por una élite corrupta y antidemocrática torpedean el cambio, pues hay que cambiarlos.
–¿Qué consecuencias puede tener para el gobierno de Maduro los supuestos vínculos con el narcotráfico de altos funcionarios y de familiares?
–Lo primero que debe ocurrir es una explicación de Maduro. El silencio que ha mantenido hasta ahora solo abona su presunta complicidad con el narcotráfico. De ser cierto que los más altos niveles del régimen amparan el narcotráfico, lo político y moralmente correcto sería que Maduro renunciara o al menos se separara del cargo, y que se inicie una investigación sobre estos hechos. De no hacerlo por iniciativa propia, corresponderá a la Asamblea Nacional comenzar un proceso con la finalidad de investigar y desmantelar las redes de corrupción y narcotráfico que han penetrado el Estado al más alto nivel.
