El Chapo tiene en Estados Unidos al menos siete causas abiertas. Pero sólo dos de ellas han sido, de momento, admitidas por la justicia mexicana
La extradición de El Chapo ha dado un paso más. La Secretaria de Exteriores ha autorizado su traslado a Estados Unidos.
La decisión supone un nuevo avance en un proceso que, presumiblemente aún tardará meses en materializarse. Tras el visto bueno formal del Gobierno, que era previsible desde que el mismo presidente lo anunció en enero pasado, se abre el juicio de amparo y su correspondiente recurso de revisión.
Un trámite infestado de vericuetos jurídicos que puede dilatarse durante meses. Para empezar la defensa del mayor narcotraficante del planeta dispone ahora con 30 días para recurrir la decisión de Exteriores.
El principal escollo para la salida procede del propio Joaquín Guzmán Loera. Consciente de que en una cárcel de Estados Unidos carece de todo poder, el líder del cártel de Sinaloa ha puesto en marcha una catarata de amparos para retrasar al máximo su traslado. Con el apoyo de 13 abogados, esta estrategia judicial sigue la que marcó el bestial Edgar Valdés Villareal, alias La Barbie, cuya extradición, tras el recibir plácet de Exteriores, tardó cuatro años en cumplirse.
El Chapo tiene en Estados Unidos al menos siete causas abiertas. Pero sólo dos de ellas han sido, de momento, admitidas por la justicia mexicana.
Una procede de un tribunal de San Diego (California) y se circunscribe al delito de asociación delictiva para vender cocaína. La segunda responde a una corte texana y es mucho más grave. Ahí se le persigue por homicidio, asociación delictiva, delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego. El mayor caso, con todo, está radicado en Nueva York y fue investigado en su día por la actual fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch.
