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La ex jefa de Estado está siendo investigada igualmente por un delito de blanqueo de capitales

La Justicia argentina ha detedecidido este 27 de diciembre de 2017 procesar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta.

La antigua líder peronista está inmersa en una causa que investiga irregularidades en la concesión de obra pública durante su mandato.

El expediente, dirigido por el juez Julián Ercolini y por el que la ex jefa de Estado ya declaró como investigada el pasado octubre, estudia un supuesto esquema de «beneficios exclusivos» a favor del grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez -cercano al fallecido expresidente Néstor Kirchner y actualmente detenido por otra causa por presunto lavado de dinero-, en detrimento de las arcas del Estado.

Ercolini ordenó además contra Fernández un embargo de 10.000 millones de pesos (unos 664 millones de dólares) y el procesamiento de, entre otros, Lázaro Báez, del exministro de Planificación Federal Julio De Vido y del exsecretario de Obras Públicas José López.

Los investigadores tratan de dilucidar la legalidad de las obras públicas que se concedieron al Grupo Austral, de Báez. Según la Fiscalía, hubo «un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia y orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación de obra pública».

Además, la Justicia investiga a Fernández de Kirchner por las supuestas operaciones financieras que el Banco Central hizo bajo sus órdenes para asegurar el valor de venta del dólar con varios meses de antelación a un precio menor al previsto en los mercados internacionales.

La ex jefa de Estado está siendo investigada igualmente por un delito de blanqueo de capitales en un caso que indaga la supuesta existencia de una red integrada por funcionarios y empresarios para el desvío de fondos públicos.

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