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El hombre, conocido también como "El mono", "El zarco", "Arbey" o "Norbe", es solicitado por las autoridades colombianas, acusado de haber practicado entre 1998 y 2004 hasta 300 de abortos a guerrilleras, algunas de ellas menores de edad.

Arboleda Buitrago ha sido acusado de participar en esas intervenciones, realizadas "como una política de guerra" durante al menos 15 años en zonas remotas del oeste y el centro del país, en ocasiones a menores de edad.

"Está reclamado por las autoridades de Colombia para ser enjuiciado, como presunto responsable de los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa, aborto sin consentimiento y asociación ilícita", señala el documento del Consejo de Ministros.

Arboleda Buitrago, quien tiene la doble nacionalidad colombiana y española, se encuentra actualmente en una prisión provisional en España, a la espera de que inicien los trámites para que sea trasladado a su país de origen.

Fue detenido en Madrid en una operación conjunta de la Guardia Civil y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), en diciembre de 2015.

Y el pasado 27 de octubre la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó su extradición, que ahora ha sido confirmada por el gobierno.

En el auto -la resolución razonada- que daba vía libre judicial a la entrega, se recogía el relato de la actuación del hombre, al que se describe como "enfermero empírico", carente de "cualquier preparación formal" para realizar las interrupciones de los embarazos.

Según el testimonio de al menos 19 víctimas, supuestamente practicaba los abortos sin anestesia ni instrumental quirúrgico, y en condiciones de absoluta falta de higiene, lo que muchas veces ocasionaba infecciones a sus víctimas.

Las FARC han negado esta acusación en varias ocasiones, asegurando que sus miembros tenían a mano medidas de contracepción.

 

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Sin embargo, el informe Violencia sexual como crimen internacional perpetrado por las FARC publicado en abril de 2015 señalaba lo contrario.

Los expertos de la Universidad Sergio Arboleda que elaboraron el documento tras dos años de investigación aseguran en ella que eran los guerrilleros los que facilitaban los anticonceptivos a sus compañeras.

Y que en caso de quedar embarazadas eran obligadas a abortar, en la mayoría en la selva y en condiciones de riesgo para su salud.

De acuerdo a los expertos, si las guerrilleras decidían no interrumpir el embarazo podían ser juzgadas y hasta condenadas a morir.

Una mujer que dejó el grupo rebelde contó al corresponsal de BBC Mundo en Bogotá, Natalio Cosoy, que había sido forzada a interrumpir el embarazo en cinco ocasiones.

Se espera que las mujeres guerrilleras lucharan y también cuiden de los hombres, señala el corresponsal.

Las FARC, la mayor guerrilla del país, y el gobierno de Colombia anunciaron un segundo acuerdo de paz -después de que uno anterior fuera rechazado en plebiscito- que ponía fin un conflicto de cinco décadas que dejó 260.000 muertos y millones de desplazados.

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