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El expresidente de Perú Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia. PR
La operación Lava Jato, la descomunal trama de corrupción nacida en la brasileña Petrobras y que ha parasitado toda América Latina a través de sobornos de la constructora Odebrecht

Los peruanos se debaten entre la satisfacción y la vergüenza.

Esa es la paradójica situación que se vive en Perú ante una situación política que es inédita.

Y es que en estos momentos todos los expresidentes vivos peruanos, que en total son cinco, tienen algún tipo de problema con la justicia.

El más reciente episodio de esta saga sucedió el jueves, cuando se ordenó la detención preventiva del exmandatario Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia.

La justicia peruana investiga a Humala y Heredia por, entre otros delitos, presunto lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir, algo que ambos niegan.

Humala y su esposa cumplirán su reclusión de 18 meses en una base policial de Lima, donde además está recluido el expresidente Alberto Fujimori por una condena de 25 años por crímenes contra los derechos humanos.

Todo lo anterior generó que, por un lado, exista orgullo y satisfacción entre algunos por que la justicia alcance a los otrora políticos más poderosos del país.

Pero la otra cara de la moneda es la vergüenza y la desazón ante la corrupción generalizada y las presuntas violaciones de la ley que envuelven a la política peruana.

Al respecto, el analista de relaciones internacionales José Rocabado señaló a BBC Mundo que existe un denominador común en lo que sienten los ciudadanos peruanos.

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"Lo que es poderosamente unánime es la condena y censura a la corrupción pública que se evidencia. Ese es el problema de fondo que es identificado".

Mientras, la politóloga peruana Karen López considera que en la actualidad la condición general en la sociedad peruana es el desconcierto.

"Creo que la sensación en balance es de un desconcierto generalizado por la clase política que nos ha gobernado los últimos 25 años".

López añade que la desconfianza no sólo hacia la clase política, sino hacia la justicia, es otro elemento común después de los recientes casos.

"Líderes de opinión, analistas y diferentes actores de la sociedad sienten desconfianza de las decisiones que viene tomando el Poder Judicial, además de impotencia de observar que las mismas personas enjuiciadas pueden volver a aspirar a la presidencia", dijo en referencia a políticos con procesos judiciales abiertos como el expresidente Alan García o Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori.

Por su parte, el colaborador de BBC Mundo en Perú, Martín Riepl, relató que en las calles, medios de comunicación y redes sociales en el país se hace evidente que acontecimientos como la detención del expresidente Ollanta Humala el jueves producen sentimientos encontrados en la sociedad peruana.

"Los peruanos no sabemos si sentirnos orgullosos o avergonzados".

"Tenemos dos expresidentes presos y uno con orden de captura internacional y pedido de extradición y eso es deprimente. Sin embargo, se siente también una suerte de orgullo porque también se ve que la justicia avanza en estos casos".

Para Rocabado, esta paradójica situación muestra dos realidades encontradas en Perú.

Los casos contra los expresidentes implican, según el analista, "que hubo avances en los procesos judiciales y se tomaron medidas al respecto ante las evidencias encontradas".

Sin embargo, al mismo tiempo, lo que sucede en ese país "debilita notablemente el sistema político".

Una muestra del debilitamiento mencionado por el analista se refleja en el último informe del centro de medición de opinión pública Latinobarómetro.

Según el reporte, publicado en 2016, Perú es el penúltimo país de Sudamérica en valorar al sistema democrático, sólo por encima de Brasil.

De acuerdo al estudio, que se hace anualmente, el índice de "apoyo a la democracia" en Perú descendió de un 61 en 2010 a 53 en 2016 (sobre 100).

El reporte del Latinobarómetro señala, además, que el aumento de la corrupción se convirtió en uno de los principales problemas para que la valoración de la democracia no mejore en América Latina.

¿Y a nivel latinoamericano?

Si bien Perú se destaca por la cantidad de casos, en el resto del vecindario existen otros ejemplos de exmandatarios con problemas con la justicia.

Uno de los casos más sonados fue la condena esta semana a nueve años y seis meses de prisión contra el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva.

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El exmandatario, que tiene otras cuatro causas penales pendientes, ahora tiene derecho a apelar la sentencia y no irá a prisión mientras dure este proceso.

La argentina Cristina Fernández también tiene procesos judiciales abiertos.

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En criterio de José Rocabado, no se puede afirmar que el hecho que cinco exmandatarios tengan cuentas pendientes con la justicia significa que Perú es el país más corrupto de la región.

"Es difícil comparar si hay más corrupción en un país que en otro, pero estos casos sí reflejan una erosión de los liderazgos políticos".

Rocabado destacó el caso de Brasil, "que es impactante por las cifras de dinero (involucrado en casos de corrupción) que se manejaron".