El Supremo venezolano pide 50 años de cárcel para los que protestan
Seis patrullas de la policía política, Sebin, rodeaban este 17 de agosto de 2017 el edificio donde residen el diputado del bloque oficialista Germán Ferrer y su esposa la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, en la caraqueña urbanización de Alta Florida, que se ha convertido en uno de los sitios más vigilados y solicitados por el régimen de Nicolás Maduro.
Comoi escribe Ludmila Vinogradoff en ‘ABC’ este 18 de agosto, desde este jueves esta pareja de chavistas disidentes, que no se encontraba en su residencia en el momento de la detención, está huyendo de la justicia chavista. El diputado Ferrer tiene una orden de encarcelamiento solicitada por el fiscal William Tareck Saab, que ha sido designado por el régimen para reemplazar a Luisa Ortega.
Así, Ferrer y Ortega han pasado a la clandestinidad. Son los protagonistas de la actualidad política más seguida por las redes sociales en estos momentos que ha desplazado a un segundo lugar al líder opositor Leopoldo López y su mujer Lilian Tintori.
La detención del diputado Germán Ferrer, esposo de la cesada fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, la aprobó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tras ser aprobada por el responsable provisional del Ministerio Público, Tarek William Saab, quien lo señaló como el «líder» de la presunta red de extorsión y chantaje que, según él, opera en el organismo.
Diosdado Cabello, el número dos del régimen, fue el que presentó los documentos de la trama en la que Ferrer habría abierto, entre marzo de 2016 y abril de 2017, cuentas en un banco de las Bahamas por unos seis millones de dólares, junto con al fiscal Pedro Lupera, y su auxiliar, Luis Sánchez.
UN TRIBUNAL SUPREMO DE VERDUGOS
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, propuso ayer que las condenas máximas en Venezuela deberían pasar de 30 a 50 años de cárcel.
«La pena de los delitos graves como traición, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria deben cumplir al menos los 50 años».
Inicialmente Nicolás Maduro había propuesto una pena de hasta 25 años de cárcel, pero Moreno duplicó el castigo contra los que protestan, que, por supuesto, engloba a todos aquellos que se oponen al gobierno chavista.
El presidente del TSJ, además, anunció que los magistrados ponen sus cargos a las órdenes de la nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ante la cual confirmaron estar subordinados, como hicieron previamente el Poder Ejecutivo y el Electoral, dejando de nuevo al margen a la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
