Daniel Ortega festeja el aniversario de la revolución sandinista con 351 muertos a sus espaldas
Nicaragua lleva ya tres meses de su crisis más sangrienta desde la década de 1980, que se inició con unas manifestaciones contra una reforma a la seguridad social y que se convirtió en un grito nacional que pide la salida del presidente Daniel Ortega y que ha polarizado al país.
El verdugo Ortega lanzó este 19 de julio de 2018, un duro ataque contra los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), a los que tildó de golpistas y acusó de azuzar la violencia en este país, que ha cumplido 93 días de una profunda crisis política que deja ya más de 300 muertos y miles de heridos.
«Yo pensaba que eran mediadores, pero no, estaban comprometidos con los golpistas. Eran parte del plan con los golpistas».
Los obispos son los intermediarios en las negociaciones para encontrar una salida a la crisis, aunque el llamado diálogo nacional está estancado debido a la intransigencia del Ejecutivo, que no ha cesado la represión contra los manifestantes que exigen el fin del régimen, una de las principales condiciones de la Iglesia para mantener vivas las negociaciones.
Después de 93 días, Nicaragua suma al menos 351 muertos, según cifras de organismos humanitarios, miles de heridos, denuncias de «desapariciones forzosas», cientos de detenidos y miles solicitando refugio en la vecina Costa Rica.
Pero el Gobierno ofrece otra versión de los hechos y asegura que el país avanza en la seguridad y la paz, mientras da las «gracias a Dios por las victorias» que, según el Ejecutivo, alcanzó en los últimos días.
El martes llevó a cabo la «Operación Limpieza» sobre la localidad de Masaya, bastión de las revueltas populares, donde las «fuerzas combinadas» del Gobierno, se cobraron la vida de tres personas en la localidad, entre ellas un menor de 15 años de edad, y decenas de detenciones.
Este miércoles, cientos de efectivos de las fuerzas gubernamentales, formadas por policías, parapolicías, paramilitares y antimotines, celebraron, con vítores y música, la toma de control de Masaya, donde el martes derribaron las barricadas y borraron pintadas con frases contra el presidente Ortega y cualquier resto que recordase que el pueblo se declaró «territorio libre del dictador», en referencia a Ortega.
La alegría de los hombres armados contrastaba con la escena del entierro del joven de 15 años asesinado en la refriega de ayer. Una tía del fallecido, quien rehusó brindar su identidad, dijo que la aparente calma que se respira en Masaya es «falsa», pero «la gente tiene miedo a salir», debido a la fuerte presencia de miembros de las «fuerzas combinadas».
La vicepresidenta Rosario Murillo proclamó la «victoria sobre esas fuerzas tenebrosas», en referencia a los manifestantes antigubernamentales que, a juicio del Ejecutivo, intentan derrocar al Gobierno.
«Hoy 18 de julio proclamamos nuestra victoria, nuestro avance sobre esas fuerzas diabólicas, tenebrosas, terroristas, criminales, que durante tres meses azotaron, quisieron secuestrar la paz en Nicaragua, pero no pudieron».
Estados Unidos aseguró que el asalto a la ciudad de Masaya por parte de las fuerzas del Gobierno supone «otro claro ejemplo» del deseo de Ortega de «aferrarse al poder».
«El ataque en Masaya es otro claro ejemplo de la voluntad de Ortega de aferrarse al poder sin importarle el precio que tenga que pagar el pueblo nicaragüense», denunció en una rueda de prensa la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.
La portavoz instó al Ejecutivo nicaragüense a convocar elecciones para así poner fin de manera «inmediata» a la ola de violencia.
Esta petición se sumó a la resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA), que pidió a Ortega que «apoye un calendario electoral» acordado en el diálogo nacional, mediado por la Iglesia Católica, en una fórmula que busca elecciones anticipadas como vía para salir de la crisis.
El partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL) también exigió «elecciones adelantadas, transparentes y plenamente observadas, para que sea el pueblo quien elija en libertad a sus gobernantes», a fin de superar la crisis.
Ciudadanos y varios sectores de la sociedad de Nicaragua también celebraron esa resolución de la OEA en la que se pide adelantar a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021.
«Que esta votación (en la OEA) sea en memoria de los que ya no nos acompañan y por los presos políticos. Gran triunfo para Nicaragua», comentó Juan Sebastián Chamorro, uno de los representantes del sector empresarial en la Alianza Cívica.
«¡Gracias hermanos países del continente americano que se han solidarizado con el dolor y la lucha del pueblo de Nicaragua!», publicó el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en sus redes sociales.
Durante la jornada en Nicaragua, la opositora Irlanda Jerez, dirigente de un grupo de comerciantes del mercado más grande de Nicaragua a los que llamó a la «desobediencia civil», fue detenida «de forma arbitraria» por la Policía en Managua, denunció ese movimiento.
Además, Amnistía Internacional (AI) exigió al Gobierno «poner fin a la represión tras tres meses de insensata matanza».
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
