El Alto Comisionado de Derechos Humanos publicó un demoledor informe contra el Gobierno por las protestas
Invitó el tirano sandinista a la ONU, confiando en que tiene muchos ‘amigos’ en ese institución y cuando ha visto lo que opinan sobre sus atrocidades y tropelías, echa a los representantes con cajas destempladas.
El Gobierno de Nicaragua informó este 31 de agosto de 2018 que ha dado por «concluida» y «finaliza la visita» de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), debido a que «han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen» a su invitación.
«Este Ministerio comunica que da por concluida la invitación la invitación y finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto de 2018», señaló el canciller nicaragüense, Denis Moncada, en una carta dirigida a la representante regional de este organismo, Marlene Alejos, y divulgada este viernes por el Ejecutivo sandinista.
La misión de la ACNUDH llegó a Nicaragua en junio pasado para conocer de la crisis sociopolítica que estalló en abril, y el miércoles pasado emitió un informe en que denunció el «alto grado de represión» de las protestas contra el Gobierno, en las que se han registrado «más de 300 muertos y 2.000 heridos».
El Gobierno explicó que el 19 de junio pasado giró invitación a la Oficina Regional para América Central del ACNUDH «con el propósito de que diera acompañamiento a la Comisión de Verificación y Seguridad creada en el marco del Diálogo Nacional, con el fin de asegurar el desmantelamiento de los tranques» o bloqueos en las vías. «Por lo tanto, consideramos que han cesado las razones, las causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación», indicó el jefe de la diplomacia nicaragüense en la misiva.
La decisión fue tomada un día después que la ACNUDH emitiera un informe sobre la crisis que atraviesa Nicaragua y en la que señala al Estado como principal responsable de graves violaciones a los derechos de quienes participan en las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, incluidas ejecuciones extrajudiciales.
Las claves del duro informe
En ese informe, ACNUDH acusa al Gobierno de Ortega por el «uso desproporcionado de la fuerza por parte la policía, que a veces se tradujo en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, y obstrucción del acceso a la atención médica», entre otras violaciones a los derechos humanos, contra cualquier persona que opine distinto al Ejecutivo.
También denuncia «la grave crisis de derechos humanos desde inicios de la protesta», el pasado 18 de abril, que «se ha caracterizado por múltiples formas de violencia y de represión, que ha dejado al menos 300 muertos y 2.000 heridos o afectados».
En su informe, ACNUDH recomendó al Estado poner fin al acoso, hostigamiento, intimidación y criminalización de las personas asociadas a las protestas, desmantelar y desarmar a los elementos armados progubernamentales, parar las detenciones arbitrarias, y liberar a los manifestantes.
En su documento de respuesta, el Ejecutivo rechazó «de manera integral el denominado informe presentado por la ACNUDH, por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición y ausente del debido cuidado en su redacción de manera objetiva».
Además, consideró que ACNUDH se extralimitó en sus funciones y que la crisis se debe a un golpe de Estado.
Al respecto, el coordinador de la misión de la ACNUDH, Guillermo Fernández Maldonado, dijo que no han encontrado indicios que ratifiquen esa versión gubernamental. El mismo Ortega cargó ese día contra la ONU y criticó ese informe.
Según el mandatario, «ya nadie cree» en los organismos humanitarios internacionales, incluido el de la ONU, porque, a su juicio, «son instrumentos de la política del terror, de la muerte, de la mentira, de la infamia».
Miles de nicaragüenses han salido a las calles desde abril a protestar contra Ortega en el marco de una crisis que ha dejado entre 322 y 448 muertos, según organismos humanitarios internacionales y locales, mientras el Gobierno solo reconoce 198 fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.
