La crisis catalana adquiere rango de problema interno belga. Si tras la llegada de Carles Puigdemont a Bruselas quedaba alguna duda de sus posibles efectos para la estabilidad del ejecutivo, este 8 de noviembre de 2017 se han disipado.
La comisión de interior del Parlamento federal ha discutido la posición que debe tomar el Gobierno ante la cuestión.
En un tono emocional, con continuas referencias a la violencia policial del 1-O, el primer ministro Charles Michel, el único mandatario europeo que no cerró filas con Mariano Rajoy tras el referéndum, ha afrontado un formidable bombardeo de preguntas que le pedían precisamente lo que ha querido evitar desde el principio: tomar partido entre independentismo y unidad de España, entre Puigdemont y Rajoy, entre condenar los encarcelamientos o respetar la legalidad.
El primer ministro ha salido del paso recordando que la llegada de Puigdemont a Bélgica es la de un ciudadano comunitario más que utiliza la libre circulación con los mismos derechos y deberes que el resto, también en lo que respecta a sus obligaciones frente a la justicia:
«Puigdemont es un ciudadano europeo que debe responder de sus actos como cualquier otro. Sin privilegios ni como un ‘subciudadano'».
