Una ley sancionada hoy por el presidente
brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, regula la actividad privada en
los vastas superficies arboladas propiedad del Estado, incluida la
Amazonía, con el fin de promover el desarrollo sustentable.
"Con esa ley, el Gobierno toma posesión de sus propias tierras,
que durante toda la historia sufrieron con los saqueos de madereros
y hacendados", declaró el coordinador de la Campaña Amazonía de la
organización ecologista Greenpeace, Paulo Adario.
La llamada Ley de Gestión de las Florestas Públicas crea sistemas
de concesión en esas áreas, con plazos que van desde cinco hasta 40
años, y sólo permite las actividades consideradas sustentables y que
no aceleren el proceso de desforestación en marcha desde hace
décadas.
La explotación de productos madereros y otros como aceites,
esencias, frutas y semillas se encuentran entre las actividades
reglamentadas por la nueva ley.
Las operaciones de las empresas que obtengan concesiones para
operar en esas zonas serán sometidas a auditorías oficiales cada
cinco años, y del resultado de esas inspecciones dependerá la
renovación de los permisos, dice el texto.
Grupos ecologistas como Greenpeace esperan que la iniciativa no
sólo frene la actividad industrial destructiva sino que también
reduzca los conflictos por la propiedad y explotación de la tierra
en la Amazonía.
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, explicó que la meta
del gobierno es que en los próximos diez años estén bajo el nuevo
régimen de concesiones unas 13 millones de hectáreas, que equivalen
a cerca del 3 por ciento de la Amazonía brasileña.