Una ley sancionada hoy por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, regula la actividad privada en los vastas superficies arboladas propiedad del Estado, incluida la Amazonía, con el fin de promover el desarrollo sustentable.

"Con esa ley, el Gobierno toma posesión de sus propias tierras, que durante toda la historia sufrieron con los saqueos de madereros y hacendados", declaró el coordinador de la Campaña Amazonía de la organización ecologista Greenpeace, Paulo Adario.

La llamada Ley de Gestión de las Florestas Públicas crea sistemas de concesión en esas áreas, con plazos que van desde cinco hasta 40 años, y sólo permite las actividades consideradas sustentables y que no aceleren el proceso de desforestación en marcha desde hace décadas.

La explotación de productos madereros y otros como aceites, esencias, frutas y semillas se encuentran entre las actividades reglamentadas por la nueva ley.

Las operaciones de las empresas que obtengan concesiones para operar en esas zonas serán sometidas a auditorías oficiales cada cinco años, y del resultado de esas inspecciones dependerá la renovación de los permisos, dice el texto.

Grupos ecologistas como Greenpeace esperan que la iniciativa no sólo frene la actividad industrial destructiva sino que también reduzca los conflictos por la propiedad y explotación de la tierra en la Amazonía.

La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, explicó que la meta del gobierno es que en los próximos diez años estén bajo el nuevo régimen de concesiones unas 13 millones de hectáreas, que equivalen a cerca del 3 por ciento de la Amazonía brasileña.