La organización ecologista WWF/Adena denunció hoy el robo de 3.600 hectómetros cúbicos anuales, equivalentes al consumo medio anual de 58 millones de habitantes, que se extraen en 510.000 pozos ilegales repartidos por toda España.

Adena hizo esta denuncia con motivo del Día Mundial del Agua, que numerosas organizaciones ecologistas recordaron hoy, entre ellas Intermón Oxfam, que en varias ciudades españolas denunció que el 50 por ciento de los habitantes de países pobres beben de fuentes contaminadas.

En España, el 36 por ciento de la gestión del agua es privada y el 11 por ciento es mixta, y eso repercute en que no se mejoren los servicios y en que los beneficios que se obtienen no se reinviertan en infraestructuras, según Ecologistas en Acción, que protestó hoy ante la sede en Madrid de la empresa Aguas de Barcelona.

En rueda de prensa convocada por Adena con motivo del Día Mundial del Agua, el hidrogeólogo Francisco Turrión, de la Confederación Hidrográfica del Segura, cifró el daño al dominio público por cada metro cúbico de agua extraído ilegalmente en 0,3 euros.

Guido Schmidt, responsable de Aguas Continentales de WWF/Adena, señaló que aunque el problema de los pozos ilegales se produce en todas las cuencas, en la del Guadiana existen unos 22.000 pozos ilegales; en la del Guadalquivir, unos 10.000, y en el Segura, al menos 20.000.

Según Adena, casi la mitad del agua bombeada de los acuíferos se extrae al margen de la legalidad y con ella se riega aproximadamente "la sexta parte de los cultivos de regadío en España, numerosos campos de golf y se alimenta un desarrollo urbanístico desaforado".

Durante la rueda de prensa se exhibieron dos testimonios grabados de dos agricultores que denunciaban que las extracciones ilegales de agua les causan perjuicio económico y dificultades, hasta el punto de que uno de ellos permaneció en el anonimato y con la voz deformada.

El uso ilegal del agua se produce en pozos que no tienen autorización o que fueron modificados sin ella, aprovechamientos que utilizan volúmenes mayores de agua de los asignados o aquellos que todavía están en trámite de autorización.

Entre 2002 y 2005 el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil abrió una media de 1.545 expedientes anuales en toda España por infracciones.

La causa principal del uso ilegal del agua radica, según Adena, en los "grandísimos beneficios económicos" que se obtienen en desarrollos urbanísticos y turísticos y en la agricultura de regadío, mucho más rentable que la de secano, tanto porque son más competitivas en el mercado como porque reciben importantes subvenciones agrarias.

Adena denunció que "la Administración -estatal, autonómica y local- tiene muchas responsabilidades por su incapacidad o, en algunos casos, su falta de voluntad política para contrarrestar la explotación ilegal del agua".

Así, consideró que los Organismos de Cuenca, dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, son responsables de "dejadez en la vigilancia y la aplicación de la ley" por falta de medios y, también, "por falta de voluntad política".

Las Comunidades Autónomas contribuyen al uso ilegal del agua mediante "presiones políticas sobre los Organismos de Cuenca para evitar enfrentamientos con fuertes grupos económicos y sociales que se benefician del uso ilegal del agua" y por un "insuficiente control y persecución de la transformación ilegal a regadío".

Adena también las considera responsables de tolerar o promover "desarrollos urbanísticos insostenibles" y "políticas agrarias que no desincentivan el uso ilegal del agua".

Los ecologistas denunciaron que en las cuencas hidrográficas se produce una "insumisión hídrica" por la "vía de los hechos consumados" que produce un "mercado negro del agua", gestionado por grupos económicos locales.

Señalaron que tras la manifestación de los agricultores del pasado verano "se ha producido un cambio en la actitud de la Administración, que antes hablaba de la necesidad de hacer inspecciones y auditorías, y no se ha cerrado un solo pozo ilegal".

"Nos han dicho que no hay moratoria, pero queremos saber qué es lo que pasa en realidad", explicó Guido Schmidt.