La organización ecologista WWF/Adena
denunció hoy el robo de 3.600 hectómetros cúbicos anuales,
equivalentes al consumo medio anual de 58 millones de habitantes,
que se extraen en 510.000 pozos ilegales repartidos por toda España.
Adena hizo esta denuncia con motivo del Día Mundial del Agua, que
numerosas organizaciones ecologistas recordaron hoy, entre ellas
Intermón Oxfam, que en varias ciudades españolas denunció que el 50
por ciento de los habitantes de países pobres beben de fuentes
contaminadas.
En España, el 36 por ciento de la gestión del agua es privada y
el 11 por ciento es mixta, y eso repercute en que no se mejoren los
servicios y en que los beneficios que se obtienen no se reinviertan
en infraestructuras, según Ecologistas en Acción, que protestó hoy
ante la sede en Madrid de la empresa Aguas de Barcelona.
En rueda de prensa convocada por Adena con motivo del Día Mundial
del Agua, el hidrogeólogo Francisco Turrión, de la Confederación
Hidrográfica del Segura, cifró el daño al dominio público por cada
metro cúbico de agua extraído ilegalmente en 0,3 euros.
Guido Schmidt, responsable de Aguas Continentales de WWF/Adena,
señaló que aunque el problema de los pozos ilegales se produce en
todas las cuencas, en la del Guadiana existen unos 22.000 pozos
ilegales; en la del Guadalquivir, unos 10.000, y en el Segura, al
menos 20.000.
Según Adena, casi la mitad del agua bombeada de los acuíferos se
extrae al margen de la legalidad y con ella se riega aproximadamente
"la sexta parte de los cultivos de regadío en España, numerosos
campos de golf y se alimenta un desarrollo urbanístico desaforado".
Durante la rueda de prensa se exhibieron dos testimonios grabados
de dos agricultores que denunciaban que las extracciones ilegales de
agua les causan perjuicio económico y dificultades, hasta el punto
de que uno de ellos permaneció en el anonimato y con la voz
deformada.
El uso ilegal del agua se produce en pozos que no tienen
autorización o que fueron modificados sin ella, aprovechamientos que
utilizan volúmenes mayores de agua de los asignados o aquellos que
todavía están en trámite de autorización.
Entre 2002 y 2005 el Seprona (Servicio de Protección de la
Naturaleza) de la Guardia Civil abrió una media de 1.545 expedientes
anuales en toda España por infracciones.
La causa principal del uso ilegal del agua radica, según Adena,
en los "grandísimos beneficios económicos" que se obtienen en
desarrollos urbanísticos y turísticos y en la agricultura de
regadío, mucho más rentable que la de secano, tanto porque son más
competitivas en el mercado como porque reciben importantes
subvenciones agrarias.
Adena denunció que "la Administración -estatal, autonómica y
local- tiene muchas responsabilidades por su incapacidad o, en
algunos casos, su falta de voluntad política para contrarrestar la
explotación ilegal del agua".
Así, consideró que los Organismos de Cuenca, dependientes del
Ministerio de Medio Ambiente, son responsables de "dejadez en la
vigilancia y la aplicación de la ley" por falta de medios y,
también, "por falta de voluntad política".
Las Comunidades Autónomas contribuyen al uso ilegal del agua
mediante "presiones políticas sobre los Organismos de Cuenca para
evitar enfrentamientos con fuertes grupos económicos y sociales que
se benefician del uso ilegal del agua" y por un "insuficiente
control y persecución de la transformación ilegal a regadío".
Adena también las considera responsables de tolerar o promover
"desarrollos urbanísticos insostenibles" y "políticas agrarias que
no desincentivan el uso ilegal del agua".
Los ecologistas denunciaron que en las cuencas hidrográficas se
produce una "insumisión hídrica" por la "vía de los hechos
consumados" que produce un "mercado negro del agua", gestionado por
grupos económicos locales.
Señalaron que tras la manifestación de los agricultores del
pasado verano "se ha producido un cambio en la actitud de la
Administración, que antes hablaba de la necesidad de hacer
inspecciones y auditorías, y no se ha cerrado un solo pozo ilegal".
"Nos han dicho que no hay moratoria, pero queremos saber qué es
lo que pasa en realidad", explicó Guido Schmidt.