El día 1 de enero del año pasado residían en España 1.572.017 extranjeros, según el censo de 2001 hecho público por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, sólo 1.109.060 estaban regularizados, según el Balance 2001 de la Delegación del Gobierno para la Inmigración. De la diferencia entre ambas cifras se deduce que el número de inmigrantes sin papeles ascendía a 462.957.

Las comunidades autónomas con más sin papeles eran Madrid, con 134.804, Comunidad Valenciana, con 116.305, Murcia, con 42.044, Cataluña, con 30.140, Baleares, con 21.237, y Andalucía, con 20.973.

Por provincias, y dejando al margen las comunidades uniprovinciales, la mayoría de los extranjeros en situación irregular se concentraban en Alicante (63.493), Valencia (39.930), Barcelona (23.548), Málaga (19.380), Tenerife (14.067), Castellón (12.882) y Zaragoza (11.570).

El primer lugar de procedencia de los extranjeros, regulares e irregulares, era Suramérica, con 626.286 personas censadas. Le seguían África, con 319.286, la Unión Europea, con 384.660, África, con 319.286, la Europa extra comunitaria, con 158.764, y América Central, con 65.079.

Hasta ahora, el Ejecutivo había rechazado dar cifras sobre el número de sin papeles que hay en España: "El Gobierno no realiza estimaciones sobre esta cuestión, ya que el fenómeno de la inmigración ilegal no es susceptible, por su propia naturaleza, de ofrecer unas estimaciones objetivas ciertas", declaró en una respuesta parlamentaria el 10 de febrero. Esta es la primera ocasión en que es posible una aproximación, en base a dos estadísticas oficiales: la del INE y la del Ministerio del Interior.

Con todo, la fiabilidad no es absoluta. En el caso del censo, cabe la posibilidad de que algunos residentes no se hayan inscrito y de que otros hayan apuntado a familiares que no residen en España. Eso explicaría desajustes como el registrado en Extremadura, donde la cifra de residentes legales aportada por Interior (12.535) es superior al número de censados por el INE (11.271).

La cifra de inmigrantes irregulares resultaría aún mayor al enfrentar los datos de Interior con los del padrón municipal, que suma un millón de habitantes más que el censo. Sin embargo, como ha advertido el demógrafo Joaquín Arango, director del Instituto Universitario Ortega y Gasset, si el censo se queda corto, el padrón puede estar sobredimensionado, porque con frecuencia los extranjeros se registran en varios municipios en la creencia de que así tendrán más posibilidades de obtener un permiso de trabajo.

Durante el año pasado finalizaron los procesos de regularización que el Gobierno puso en marcha durante 2001 y parte de 2002. Además, cerró el llamado régimen general, la única vía de regularización que tenían los extranjeros que viven en España.

Ambos hechos provocaron, por primera vez en diez años, un descenso de la inmigración legal en el segundo semestre del año pasado. En ese período, el número de residentes no comunitarios cayó en 12.758 personas. Pero la inmigración irregular siguió creciendo, según demuestra el aumento de las expulsiones ejecutadas por el Ministerio del Interior.