La caída del exvicepresidente del Gobierno Aznar

Rodrigo Rato posee seis casas, un molino, un hotel y un centro comercial

En Asturias tiene también un chalet en Cabueñes, además de un palacio familiar reconvertido en restaurante de lujo en Somió (Gijón)

Rodrigo Rato posee seis casas, un molino, un hotel y un centro comercial
Rodrigo Rato. PD

Rodrigo Rato suma un patrimonio inmobiliario compuesto, en Madrid, por al menos cinco pisos, el 25% de un centro comercial en Alcorcón, una finca con una casa molino en Carabaña y varios garajes

Rodrigo Rato suma un patrimonio inmobiliario compuesto, en Madrid, por al menos cinco pisos, el 25% de un centro comercial en Alcorcón, una finca con una casa molino en Carabaña y varios garajes; en Asturias, tiene un chalet en Cabueñes que puso recientemente a la venta por un millón de euros, además de un palacio familiar reconvertido en restaurante de lujo en Somió (Gijón); en Almería, un terreno; en Lérida, varias propiedades en el Valle de Arán; y en Berlín, un hotel.

Todo ello está, sin embargo, en manos de los distintos procesos judiciales a los que se enfrenta el exvicepresidente del Gobierno, que podría ser sujeto de posibles embargos y que está siendo investigado además por la Agencia Tributaria y Sepblac, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Explican Javier Romera y Fernando Tadeo en ‘El Economista‘, este 28 de abril de 2015, que eunque su situación ha mejorado sustancialmente desde que el pasado viernes la Audiencia Nacional rebajara la fianza solidaria por la salida a bolsa de Bankia de 800 millones a 34 millones -Rato tendrá que responder por 5,6 millones de euros-, el futuro de sus propiedades es aún incierto.

Y todo ello, además, con sus cuentas bancarias bloqueadas desde hace diez días. Hacienda calcula que el patrimonio total de Rato asciende a 27 millones de euros, una cifra que él niega, pero que se corresponde en su mayor parte a bienes inmobiliarios.

A título individual, el que fuera vicepresidente del Gobierno con Aznar tiene, sin embargo, tan sólo una parte de su domicilio, la participación en el centro comercial de Alcorcón y fincas en Asturias.

Expertos fiscales consultados por elEconomista explican, por otro lado, que, dado que entre sus inmuebles hay varios que se encuentran hipotecados o están depositados como aval frente a terceros, ante un posible impago de deudas podrían surgir dificultades en el caso de que haya que llevar a cabo embargos.

Su vivienda

Éste es el caso de su domicilio, situado en el céntrico barrio madrileño de Salamanca, que fue registrado por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Administración Tributaria el pasado 16 de abril. Se trata de una vivienda de más de 300 metros cuadrados y un trastero que, según el Registro de la Propiedad, pertenece al propio Rato en un 66,6% y a Rafi -una de sus empresas- en el restante 33%.

El inmueble fue hipotecado en 2006 en favor de ING Direct por un plazo de 25 años y un importe de 1,1 millones de euros. Entonces, Rato era director gerente del Fondo Monetario Internacional y residía en Washington (EEUU).

Pero la vivienda del exministro cuenta con otras cargas financieras posteriores, de diciembre de 2013, en favor de dos de sus primos, uno de los cuales aportó las garantías al Sabadell para que pudiera afrontar la fianza de 3 millones por las tarjetas black a finales de 2014.

En concreto, tiene una hipoteca en favor de Gonzalo Alvargonzález Figaredo sobre el 42,85% del piso para responder de una deuda principal de 300.000 euros y de 153.000 euros en intereses y costas. Este préstamo fue concedido por un plazo de cinco meses, hasta mayo de 2014.

El inmueble de la calle Don Ramón de la Cruz fue hipotecado asimismo en un 57,14% en favor de Juan Alvarezgonzález para un periodo de cinco años por un crédito de 400.000 euros de principal y 104.000 euros para cubrir intereses y otros posibles gastos.

Este movimiento se realizó año y medio después de que Rato abandonara Bankia y antes de que el proceso judicial apuntara a presuntos delitos y, por lo tanto, consecuencias económicas.

Relación con Lazard

En el Registro consta igualmente a su nombre la cuarta parte de un edificio comercial arrendado a Mercadona en Alcorcón y que fue adquirido en diciembre de 2010, pocos meses después de que fuera nombrado presidente de Caja Madrid.

Rato adquirió este centro con una hipoteca de La Caixa por importe de 4,81 millones de euros en una operación junto a su amigo y presidente de Lazard España Jaime Castellanos, además de otros miembros de la cúpula de esta entidad (Pedro Pasquín Echanove y Joaquin Güell Ampuero).

Rato había trabajado para Lazard hasta incorporarse a Caja Madrid y la Audiencia Nacional investiga ahora el pago por parte de esta entidad en una cuenta de un banco suizo de 6,2 millones en 2011.

Además, Rato y Castellanos compartieron también una sociedad inmobiliaria, Paracuga, que no llegó a tener actividad y que también está en el radar de la justicia.

El exministro está pendiente ahora de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva si su presunto fraude fiscal debe ser investigado por la Audiencia Nacional o debe recaer en el juzgado de instrucción número 35 de Madrid.

El PSOE pide dar a conocer la lista de amnistiados en 15 días

Los socialistas no tiran la toalla en su empeño por sacar a la luz la lista con los nombres de las personas y sociedades que se acogieron a la amnistía fiscal en 2012. Este lunes registró en el Congreso una iniciativa para modificar la Ley General Tributaria y exigir al Gobierno que dé a conocer a los amnistiados en el plazo de quince días.

Para el PSOE, publicar estos datos es un paso «imprescindible para asegurar la transparencia de los poderes públicos y la eficacia en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales».

La proposición de ley, que será debatida en la Cámara Baja, está compuesta por un único artículo y se refiere a la «identificación de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica que se acojan a procedimientos extraordinarios de regularización tributaria».

El PSOE recuerda que el artículo 95 de la Ley Tributaria no regula la identificación de carácter público de las personas que se acogen a estos procesos de regularización. Por ello, pide al Gobierno «las medidas necesarias» para publicar ese listado.

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