Una vez consumada la votación abolicionista en el Parlament catalán, los estamentos taurinos se preguntan que camino seguir para defender la Fiesta de los toros hasta que entre en vigor la prohibición, fechada para enero de 2012.

En este contexto el diario ABC publica este jueves 29 de julio un interesante análisis realizado por el abogado Joaquín Moeckel, asesor jurídico de los toreros, en el que se duda de la legalidad de lo acontecido en el Parlament--Inconstitucional de pitón a rabo--.

"¿Puede el Parlamento catalán modificar la Ley de protección de animales para prohibir la Fiesta? [...] La respuesta es que el Parlament no puede: por una parte, carece de competencia normativa, ni siquiera en su ámbito territorial, y por otra, vulnera algunos preceptos de la Carta Magna"

Y argumenta:

"En la Fiesta de los toros [...], al igual que en el teatro o en el cine, las competencias están cruzadas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, no pertenecen a ninguno de ellos en exclusiva. En estos casos el Tribunal Constitucional dice que hay que atender a la finalidad de la norma"

La Constitución Española es muy clara en este sentido:

"El Artículo 149 le atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental.[...]Pero no es el único precepto que puede ser vulnerado, ya que la norma aprobada ayer va contra el artículo 20, que habla de la creación y difusión artística; el 44 y 46, que obliga a los poderes públicos a promover y preservar los fenómenos culturales, o el 38, que habla de libertad de empresa"

"Es cierto que Cataluña puede regular los festejos taurinos, pero otra cosa es abolirlos"

Moeckel no pasa por alto tampoco los derechos de los profesionales de la tauromaquia. Para el letrado estos no son menos que los de los animales que defienden los abolicionistas:

"A los toreros, banderilleemos, picadores, monosabios y todas las personas que viven del mundo de los toros se les está privando su derecho constitucional a trabajar"

La solución, por tanto, pasaría por:

"Se puede presentar un recurso de inconstitucionalidad. Bastaría con 50 diputados o senadores. Por eso animo al señor Rajoy a que la presente, al igual que hizo con el asunto del aborto. Tras ello, cabría solicitar la suspensión cautelar de la prohibición, en caso de que fuera necesario"