Mientras la crisis vacía los bolsillos de muchos españoles, la Dirección General de Tráfico (DGT) no deja de multiplicar sus ingresos gracias a las multas por exceso de velocidad.

Los responsables del organismo se empeñan en vender que detrás de estas sanciones no hay ningún afán recaudatorio, pero lo cierto es que los radares que salpican nuestras carreteras se han convertido en su particular gallina de los huevos de oro.

El brutal incremento del número de multas por exceso de velocidad parece tener su origen en la puesta en servicio del nuevo Centro Estatal de Tramitación de Denuncias Automatizadas (Estrada) de León.

Desde marzo de 2008, es allí donde se gestionan todas las infracciones captadas por los 335 radares fijos instalados en España.

Las fotografías y los datos (vía, punto kilométrico, fecha, etc) se cursaban antes en las respectivas jefaturas provinciales, con mayor o menor diligencia.

Pero ahora, se almacenan en el disco duro de la máquina y se envían después, a través de fibra óptica, al centro automatizado de León.

El nuevo ‘cerebro' de la DGT nació con capacidad para tramitar dos millones de boletines sancionadores al año, aunque se espera que pueda llegar a doblar el volumen de trabajo.

De hecho, este mismo año ha empezado a despachar también las denuncias de los radares móviles de la Guardia Civil de Tráfico.

El Gobierno central invirtió 22,5 millones de euros en este gran centro, pero su amortización parece estar garantizada.

Tráfico no ha facilitado datos sobre el porcentaje de fotografías tomadas por los cinemómetros que quedan invalidadas, pero se calcula que ronda entre el 35 y el 40%.

Cuando se detectan imágenes borrosas o que pueden acarrear la presentación de un recurso, se invalidan inmediatamente.