Ocio y Cultura
Turismo y turistas. PD
Si de maltrato a los turistas y de menoscabo a la marca España se trata, convendrá concluir que AENA, la sociedad estatal que gestiona nuestros aeropuertos, no lo ha hecho bien en Barcelona

Turismofobia. Ya tenemos palabreja agosteña. A ver lo que tardan en la RAE en incorporarla al cada vez menos lustroso Diccionario. La serpiente de verano que nunca puede faltar parece un asunto serio en vista de la atención mediática que está suscitando.

Como subrayan José Luis Bajo Benayas y Cristina Alonso en 'El Economista' este 9 de agosto, el fenómeno está provocando el caos regulador entre las comunidades autónomas más expuestas a un sector que supone más del 11% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional.

Este mismo 8 de agosto de 2017 entró en vigor la nueva ley del alquiler turístico del Gobierno balear, que multará con hasta 400.000 euros a inmobiliarias, intermediarios o plataformas digitales que publiciten el alquiler de pisos a turistas en Baleares. Desde la compañía Airbnb calificaron la nueva ley de "compleja y confusa".

La sanción para los propietarios que alquilen su piso durante menos de 30 días, sin un contrato de arrendamiento y sin que el visitante haya pagado una fianza oscilará entre los 20.000 y los 40.000 euros.

Poner fin a la "especulación" en el alquiler de las viviendas y promover un modelo turístico "responsable, sostenible y equilibrado" son, en boca del vicepresidente balear, Biel Barceló, los objetivos de esta ley, que modifica la del PP.

Ahora, el Ejecutivo de PSIB-PSOE y MÉS quiere "poner orden" en la actividad del alquiler turístico y fija un "techo máximo" de 623.624 plazas (435.700 en Mallorca, 109.800 en Ibiza, 60.100 en Menorca y 18.000 en Formentera).

Mientras Baleares publicaba en el BOE su ley, en ciudades como Sevilla resurgía el debate sobre la conveniencia -o no- de instaurar tasas turísticas que contengan el número de visitas. Y Canarias y Galicia dirimían con los tribunales o, como en el segundo caso, con organismos del Estado, sus propias regulaciones de alquileres turísticos.

Confusa maraña de normas

Desde que en 2013 el Gobierno delegara en las autonomías la normativa sobre turismo y alquiler vacacional, cada región ha establecido distintas exigencias. A veces, incluso, el debate ha trascendido de la órbita autonómica a la local, creando aún un mayor caos.

Es el caso de Andalucía. Si bien el Gobierno andaluz descarta implantar una tasa turística a nivel autonómico, los alcaldes de Sevilla, Juan Espadas, y Granada, Francisco Cuenca, han manifestado recientemente que son partidarios de esta tasa en sus respectivas ciudades.

En Sevilla, la concejal del PP en el Ayuntamiento, Carmen Ríos, mostró esta semana la negativa de su formación a la implantación de esta tasa en la ciudad "por el rechazo del sector y por la pérdida de competitividad como destino turístico". Ríos puso de ejemplo a Cataluña y Baleares, donde se aplican entre 45 céntimos y 2,25 euros y entre 50 céntimos y dos euros por noche, respectivamente.

Siguiendo los pasos de ciudades como París o Ámsterdam, también San Sebastián ha apostado por establecer una tasa para controlar el alquiler de apartamentos turísticos.

En el caso de Valencia, ha optado por una tasa para controlar estos alquileres a través de plataformas como Airbnb. La ciudad pretende fijar límites para evitar que la proliferación de estas plazas provoque los problemas de convivencia que amenazan a ciudades como Barcelona o Madrid.

En la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes ha manifestado en numerosas ocasiones su rechazo a gravar el turismo.

Mientras, el Ayuntamiento ha cogido las riendas del problema de la proliferación de viviendas turísticas en la capital y también trabaja con plataformas digitales para imponer una tasa a las viviendas turísticas y limitar el tiempo de alquiler.