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«Las críticas al poder en Venezuela colocan en riesgo a quien se atreva a hacerlo»

Borja Ventura, Martes, 28 de febrero 2006

"En Venezuela las violaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en perjuicio de los distintos medios privados son permanentes y han incluido atentados a la vida, a la integridad personal y al trabajo". Son palabras de Mario Castro, conductor de un programa de radio en el que, hace poco más de una semana, un par de funcionarios venezolanos irrumpieron para propinar una paliza a un tertuliano. Era su respuesta a las críticas vertidas en directo. Nos cuenta qué pasó de primera mano. Y hace un repaso por el preocupante estado de las libertades de prensa en su país, a la sombra de un régimen que se autoproclama como el "socialismo del Siglo XXI" y que va enmudeciendo progresivamente a todo medio que no sea gubernamental.

{p}¿Qué sucedió exactamente el pasado día 20 de febrero?{/p}
{r}Entrevistamos a José Ignacio Acevedo, un dirigente político. La conversación tenía como contexto la situación política, la violencia -especialmente en el estado Bolívar-, así como la corrupción a nivel nacional. Durante la entrevista dijo: 'me gustaría saber por qué un funcionario como Barletta tiene una casa cuya mensualidad oscila en los cuatro mil quinientos dólares'. El comentario se refería a Aldo Barletta, Presidente del Instituto de Salud Pública.{/r}
{p1}E inesperadamente apareció en los estudios...{/p1}
{r1}Culminado el programa me quedé conversando con el entrevistado en el estudio de la emisora Radio Sur, cuando intempestivamente irrumpieron los ciudadanos Barletta, del que Acevedo había hablado, y el mayor del Ejército Roimer Sarmiento, Comisionado del Gobernador en el Municipio Caroní acompañados por lo que presumo es un guardaespaldas. Ambos son integrantes del alto gabinete del gobierno estatal. Ingresaron al edificio asegurando al personal de seguridad que tenían que entrar rápidamente porque estaban citados a una entrevista radial y ya estaban muy retrasados. Creyendo en sus palabras y confiando en sus identificaciones como personas públicas, les fue permitido el acceso.{/r1}
{p1}¿Y qué hizo?{/p1}
{r1}Barletta comenzó a insultar a quien hacía poco habíamos entrevistado y luego lo golpeó fuertemente con puños, rodillas y pies, asistido por el mayor Sarmiento quien sujetaba al agredido. Consumada la acción, los funcionarios simplemente salieron del edificio vociferando improperios. Si el verdadero propósito era desmentir o aclarar las opiniones del entrevistado, estaban obligados por su condición funcionarial a solicitar el derecho a réplica consagrado en el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero lejos de comportarse con la sindéresis y el apego al Principio de Legalidad que la ciudadanía espera de todo funcionario público –especialmente de quienes ocupan tan alta posición de gobierno- decidieron equivocadamente ser jueces y verdugos, y acometer un acción cargada de intensa violencia.{/r1}
{p1}La situación parece extremadamente grave...{/p1}
{r1}Especialmente cuando el Gobernador del Estado Bolívar, el General de División del Ejército Francisco Rangel Gómez, hasta la fecha se encuentra sumido en un silencio cómplice a pesar de la gravedad de las acciones de dos integrantes de su alto equipo de gobierno.{/r1}

{sumario}La mejor radiografía la encontramos en las reiteradas palabras del presidente Chávez: "Quien no está conmigo, está contra mí"{/sumario}

{p1}El hecho señala directamente a que algo no funciona, ¿no?{/p1}
{r1}Estoy convencido que la violencia originada por estos funcionarios lleva un funesto mensaje que atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información, ambos consagrados constitucionalmente y protegidos por el derecho internacional a través de pactos, tratados y convenciones suscritos por Venezuela, de ineludible y obligatorio cumplimiento por los órganos del poder público, que lleva implícito su permanente protección. La intemperancia puesta de manifiesto y el brutal ataque en las instalaciones de un medio de comunicación contra un ciudadano en pleno ejercicio de tales derechos es indiscutiblemente un hecho comunicacional público y notorio que atenta contra sagrados principios que fundamentan el estado de derecho y, por ende, la democracia.{/r1}
{p1}Lógicamente esto llevará a que cuestionen muchas cosas{/p1}
{r1}Sí, nos preguntamos: ¿Acaso pretenden amedrentar al Circuito CNS y especialmente a quienes participan en la producción y dirección del programa?, ¿El propósito es atemorizar a quienes pudieran asistir como entrevistados, para que se abstengan de hacerlo?, ¿Detrás de tan artero y cobarde ataque se esconde la velada intención de estimular la autocensura de productores y conductores?, ¿Se trató de un mensaje a los accionistas del Circuito CNS para que censuren el programa?, ¿O será una despreciable amenaza para quienes lo dirigen?.{/r1} 

{p1}¿Es un caso aislado o se dan más casos así?{/p1}
{r1}En Venezuela desde hace siete años son recurrentes los casos de agresión verbal y física a periodistas. Las violaciones al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en perjuicio de los distintos medios privados (incluyendo sus instalaciones), de sus editores y de los periodistas, son permanentes y han incluido atentados a la vida, a la integridad personal y al trabajo.{/r1}
{p1}¿Se podría hablar de censura?{/p1}
{r1}El Gobierno se ha cuidado de no cerrar medios de comunicación indefinidamente. Sin embargo, a través de funcionarios públicos abre juicios contra empresas de comunicación y contra periodistas, por presunta difamación. Hay casos emblemáticos como el de la colega Ibéyise Pacheco quien tiene 15 juicios diferentes por tal motivo. También utiliza el sistema de administración tributaria para abrir juicios a las empresas de comunicación y para cerrarlas por 2 ó 3 días, alegando “incumplimiento de obligaciones tributarias”. A ello se suma la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión (aprobada en el 2.004), que estimula la autocensura y restringe el derecho constitucional a la libertad de expresión y de acceso a la información.{/r1}
{p1}¿Y nadie dice nada?{/p1}
{r1}El informe de la Sociedad Interamericana de Prensa del 2004, señala que la 'arremetida judicial y militar contra factores que el Gobierno juzga de oposición no tiene límites. Por orden emitida desde el Ministerio de la Defensa, se instruyó al Fiscal General Militar para que enjuicie en los tribunales castrenses por el delito de 'instigación a la rebelión' a los periodistas Marta Colomina, César Miguel Rondón, Marianella Salazar, Ibéyise Pacheco y Patricia Poleo. Distintos medios de comunicación impresos están siendo objeto de presiones e investigaciones indebidas, de carácter impositivo, en modo de amedrentar a sus editores y reducir las informaciones acerca de la grave crisis política, social e institucional'.{/r1}
{p1}¿Es así como se responde a los críticos?{/p1}
{r1}El gobierno permanentemente plantea la confrontación. Un día es contra los empresarios, otro contra la iglesia, otro contra los periodistas, otro contra el ‘imperialismo de Mister Danger’ (referencia recurrente que hace a Bush).  El gobierno necesita y propicia el enfrentamiento, para desmovilizar a la sociedad civil que se opone a la corrupción, al control de los demás poderes públicos (legislativo, judicial, electoral y ciudadano), a la violencia y a la persecución generada desde el oficialismo.{/r1}
{p1}De algún modo parece que no se puede criticar al poderoso en Venezuela...{/p1}
{r1}Las críticas al poder público colocan en riesgo a quien se atreva a hacerlo. El disentimiento público se ha convertido en una conducta que el Gobierno no tolera y trata de acallarlo con el imperio del poder que maneja. En nuestro país ser periodista de opinión en este momento, se ha convertido en una especie de obstáculo para un gobierno intolerante que pretende imponer un régimen fundamentado en una desgastada y anacrónica doctrina que ha calificado como ‘socialismo del siglo XXI’.{/r1}

{sumario}El Gobierno abre juicios contra empresas de comunicación y contra periodistas por presunta difamación{/sumario}

{p1}Por tanto, ¿puede hablarse de la existencia de un poder autoritario bajo la apariencia democrática o es un poder democrático con algunos elementos autoritarios?{/p1}
{r1}No se trata de un gobierno sino de un régimen militarista y autoritario, que no tolera al disidente. La mejor radiografía la encontramos en las reiteradas palabras del presidente Chávez: ‘Quien no está conmigo, está contra mí’. También, en su manifiesto propósito de ser reelecto consecutivamente hasta el 2.021, vía plebiscito para modificar la Constitución nacional. Ya lo dijo el abogado y analista político Eliécer Calzadilla en Correo del Carona: “Este es un gobierno esencialmente militar. No porque los militares ocupan cargos importantes de naturaleza civil sino porque el discurso, la organización, la sujeción y sumisión al jefe, y otros elementos y formas con los que actúa el gobierno, son castrenses”.{/r1}
{p1}¿Qué garantías de libertad tienen los periodistas en Venezuela?{/p1}
{r1}En este momento las que permita el régimen, que se ha empeñado en democratizar la persecución a la disidencia.{/r1}
{p1}¿Tiene visos de mejorar la situación?{/p1}
{r1}A ello se suma la conducta totalmente parcializada del Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, quien antes de serlo fue miembro del comando de campaña de Hugo Chávez para el proceso del 1.998. En enero del 2.000, fue nombrado Vicepresidente de la República cargo al que renunció para ser postulado como Fiscal General, siendo designado como tal el 26 de diciembre de 2000 hasta la fecha. Es una clara violación del Principio de Independencia de los poderes y de imparcialidad, establecido en el artículo 145 de la Constitución.  Cabe destacar que Rodríguez ha iniciado unas 400 imputaciones por disidencia política.{/r1}
{p1}¿Son conscientes en Venezuela de la mala imagen que se tiene de su Gobierno fuera de sus fronteras?{/p1}
{r1}Los venezolanos que adversamos el totalitarismo, la violencia y la discriminación política, somos  conscientes de ello. La realidad del país que se percibe en el exterior está caracterizada por una profunda polarización y severa contaminación política.{/r1}
{p1}¿Cómo son los medios de comunicación venezolanos?{/p1}
{r1}Existen 4 televisoras y 5 periódicos nacionales privados, que concentran la mayor audiencia del país, mientras que el parque comunicacional del gobierno posee 4 televisoras nacionales e internacionales ideológicamente sincronizadas. Cuentan con la emisora de mayor cobertura y además están respaldadas desde 2002 por 25 televisoras para-públicas comunitarias; también cuenta con un número en constante crecimiento de emisoras de radio próximas a copar la mitad del dial nacional, respaldado igualmente desde 2001 por 146 emisoras para-públicas comunitarias/alternativas, a las que apoya –al igual que las televisoras comunitarias- con equipos, presupuesto, respaldo técnico e ideológico, así como suministro de programas.{/r1}
{p1}¿Y en prensa escrita?{/p1}
{r1}En medios impresos, posee un enjambre en que destaca el diario Vea y más de 70 periódicos para-públicos comunitarios, con igual apoyo que a sus medios audiovisuales. A ello debe incluirse una multitud de sitios web, oficiales y para-públicos, en que figuran 24 del gobierno y 66 de “alternativa bolivariana”, estos últimos ocasionalmente repetidos por 62 sitios latinos y al menos 20 internacionales. A estos renglones pudieran añadirse pronto dos más: por una parte, un control global de las telecomunicaciones nacionales y, por otra parte, un oscurecimiento progresivo de la televisión por cable (próxima a perder 35% de sus frecuencias) a la que se pretende obligar a ceder espacios para la propaganda oficial.{/r1}



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