Un informe dice que quería encubrir los abusos y culpar a la Oficina Federal

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Bush autorizó torturas a presos iraquíes aun después del escándalo de Abu Ghraib

La Jornada, Jueves, 23 de diciembre 2004
Agentes de la FBI denunciaron que personal del Departamento de Defensa cometió múltiples abusos -definió algunos como "tortura"- contra detenidos en cárceles militares en Irak y Guantánamo con autorización directa del presidente George W. Bush, aun mucho después de haber estallado el escándalo de Abu Ghraib, revelan nuevos documentos oficiales clasificados dados a conocer este lunes.

En uno de esos informes, fechado en junio de 2004, un agente de la FBI reporta abusos como "estrangulamiento, golpes, colocar cigarros prendidos en los orificios de las orejas de los detenidos e interrogatorios no autorizados".

Los documentos obtenidos por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) sugieren que el presidente George W. Bush emitió una orden ejecutiva autorizando el uso de métodos crueles y potencialmente ilegales contra los detenidos en Irak.

Un correo electrónico de la FBI a finales de 2003 calificó los métodos empleados por el Departamento de Defensa al interrogar detenidos como "técnicas de tortura", y en un informe urgente enviado por un oficial de la FBI al director de la agencia se alerta de que hay un intento del Pentágono para encubrir el abuso de los detenidos, y culpar a la FBI. Agentes acusan que oficiales del Departamento de Defensa se identificaban falsamente como parte de la FBI ante algunos detenidos.

Esta es una segunda serie de documentos en donde agentes y oficiales de la FBI presentan objeciones a las prácticas de militares estadunidenses en los centros de detención en Irak y Guantánamo, y son notables por su franca queja de que los interrogadores podrían haber violado las restricciones de las Convenciones de Ginebra, informa la ACLU.

La primera serie de documentos revelados incluye quejas de los agentes de la FBI asignados a cárceles militares en Irak y Guantánamo como parte de sus funciones antiterroristas durante 2002, y esta segunda entrega comprueba que estas mismas quejas continuaron desde entonces hasta casi finales de 2004.

"Estos documentos presentan preguntas graves sobre dónde reside la culpa por el amplio abuso de detenidos. Los altos funcionarios del gobierno (estadunidense) ya no pueden esconderse del escrutinio público al culpar a unos cuantos soldados de rango bajo", declaró Anthony D. Romero, director ejecutivo del ACLU.

La organización obtuvo los documentos como resultado de una demanda legal conjunta con otras organizaciones incluyendo el Centro por Derechos Constitucionales, Veteranos por la Paz y Médicos por Derechos Humanos, entre otros.

Barbara Olshansky, abogada del Centro por Derechos Constitucionales (CCR) una de las encargadas de este caso, declaró hoy que estos documentos muestran que continúa un intenso debate dentro del Poder Ejecutivo sobre las reglas de esta guerra. "Hay un cisma que prevalece dentro del Ejecutivo... con algunos verdad eros militares que están en contra de desechar la Convención de Ginebra, no sólo por principio, sino por interés propio, así como otros que están inseguros sobre cómo proceder", dijo en entrevista con La Jornada.

"Está bastante claro que esta batalla continúa", subrayó, al señalar que esto ha sido cierto durante varios años, particularmente después de que Alberto González, el abogado de la Casa Blanca (y nombrado próximo procurador general) determinó que la Convención no era aplicable a esta guerra contra el "terrorismo" en enero de 2002.

Olshansky señaló que con cada nuevo documento -se espera la divulgación de muchos más- se comprueba que "los que están en lo más alto de este gobierno decidieron descartar las reglas", o sea, el régimen de la ley sobre el rubro de guerra.

Un correo electrónico de la FBI enviado en mayo de 2004 por el "Comandante in situ -Bagdad" a un círculo limitado de altos oficiales de la FBI (los nombres fueron tachados al entregarse los documentos) hace referencia a una Orden Ejecutiva en la cual el presidente autoriza técnicas de interrogación incluyendo la privación de sueño, posiciones de estrés, el uso de perros militares y privación de sentidos, y señala que la FBI prohíbe a sus agentes emplear estos métodos.

El ACLU está instando a la Casa Blanca a confirmar o negar la existencia de tal orden, mientras que medios como Los Angeles Times, el New York Times y el Washington Post no han logrado obtener ningún comentario oficial sobre la existencia de tal orden hasta el momento.

El vocero de la Casa Blanca, Scott McClellan, declaró ayer que los agentes de la FBI estaban "equivocados" cuando informaron que el presidente había autorizado la tortura de detenidos, pero rehusó ofrecer más detalles sobre el asunto. También se negó a informar sobre cuándo se enteró la Casa Blanca de nuevas acusaciones de tortura o qué medidas se tomaron cuando se presentaron estas denuncias.

Entre los documentos clasificados de la FBI obtenidos y revelados por el ACLU hay informes de interrogatorios en Guantánamo donde los detenidos estaban encadenados de manos y pies en posición fetal sobre el piso y fueron mantenidos así de 18 a 24 horas, en algunos casos en su propia orina o materia fecal, y en condiciones de temperaturas extremas.

Otro caso en el mismo lugar reportado por un agente de la FBI a sus jefes es de un detenido envuelto en una bandera israelí sometido a música a alto volumen y luces intermitentes constantes. En Abu Ghraib, la FBI informa de una investigación sobre la violación sexual a un detenido.

Human Rights Watch pidió ayer que el presidente explique si este tipo de tratamiento fue autorizado por el mandatario, como indica uno de los comunicados internos de la FBI. Kenneth Roth, director ejecutivo de la organización de derechos humanos señaló que aunque aún no hay pruebas de que exista una orden presidencial para cometer actos ilícitos, estos documentos de la FBI sugieren que los "interrogadores estadunidenses pensaban que estaban actuando con la aprobación del presidente". Agregó: "ya no es suficiente que Bush simplemente niegue esto. Se necesita una explicación real".

Human Rights Watch afirmó que "los varios métodos de interrogación que se describen en los correos electrónicos del FBI y otros documentos difundidos, son violaciones de las obligaciones de Estados Unidos bajo el derecho internacional", incluyendo las Convenciones de Ginebra.

Los nuevos documentos "no sólo demuestran la tortura brutal a prisioneros, sino también sugieren un nuevo vínculo a los niveles más altos del gobierno de Bush", afirmó Roth.

El ACLU, CCR y otros grupos presentaron una demanda legal esta semana buscando una orden judicial para obligar a la CIA a entregar documentos relacionados con los abusos de detenidos. Hasta la fecha, el ACLU y sus socios han recibido más de 9 mil documentos de otras agencias, pero la CIA rehúsa cooperar con solicitudes bajo legislación de acceso público a la información para revelar información sobre estos casos, y sus supuestas actividades en torno al tratamiento de detenidos en instalaciones secretas de la agencia en varias partes del mundo.


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