Campesinos y maestros tomarán La Paz

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Cortan las carreteras que unen Bolivia con Perú, Chile, Argentina y Paraguay

PD / Agencias, Jueves, 2 de junio 2005

Bolivia ha quedado aislada de cuatro de los cinco países con los que comparte frontera -Argentina, Paraguay, Perú y Chile- por los bloqueos de carreteras, a la espera de que el Congreso se reúna en La Paz para solucionar la crisis en medio de un clima de fuerte polarización y haasta enfrentamientos abiertos entre congresistas, políticos y líderes locales.

En una nueva jornada de manifestaciones tras las protestas masivas de este miércoles, el Servicio Nacional de Caminos (SNC) ha explicado que el 60% de las carreteras del país están bloqueadas. A estas horas, los manifestantes impiden el paso en todas las fronteras de Bolivia salvo con Brasil.

El portavoz de SNC, Carlos Ferreira, ha declarado que se han producido destrozos en algunas carreteras por el cavado de zanjas y la colocación de grandes piedras en vías asfaltadas. En este sentido, ha señalado que las mayores pérdidas se deben a la falta de recaudación de peajes en la autopista La Paz-El Alto, donde han sido destrozadas las casetas de cobro, así como de otros puestos de peaje en La Paz, Oruro, Potosí y Sucre. Los recursos obtenidos con los peajes se destinan precisamente al mantenimiento de las vías del país.

Según el SNC, se mantienen obstaculizadas con piedras las dos vías que van desde La Paz hacia el Santuario de Copacabana y Desaguadero, puntos de entrada a territorio peruano a orillas del lago Titicaca. Lo mismo sucede con la carretera entre La Paz y la localidad de Tambo Quemado, en el límite con Chile. Además, los manifestantes, la mayoría de ellos campesinos, impiden el paso desde el occidente boliviano hacia Argentina con un bloqueo entre los departamentos sureños de Potosí y Tarija. En territorio tarijeño también se ha obstaculizado el transporte hacia Paraguay, según el SNC.

En el interior, la ciudad más aislada por los cortes es Potosí, aunque también están creciendo los bloqueos en Cochabamba, La Paz y Sucre. En el departamento paceño aún se mantiene transitable el acceso desde la capital hacia la zona turística de los Yungas y el norte amazónico, aunque los campesinos han amenazado con impedir el tráfico. Miles de campesinos y maestros marchan rumbo a la capital administrativa del país en reivindicación de una Asamblea Constituyente y la nacionalización del gas, por lo que se prevé que el centro quede de nuevo colapsado.

Acordonados los accesos al Congreso

El jefe de la Policía, Hernán Jaimes, ha indicado que los agentes mantienen acordonados los accesos a la Plaza Murillo, donde tienen su sede el Palacio de Gobierno y el Congreso, para que los parlamentarios puedan desarrollar su trabajo. El presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, ha asegurado que los parlamentarios se reunirán hoy para celebrar la sesión que no pudo llevarse a cabo ayer y tratar el referéndum de autonomías y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Mientras tanto, el presidente ha felicitado a la policía por la "prudencia demostrada" ante las marchas. En un comunicado, Mesa agrega la reafirmación del "respeto que el presidente de la República, el Gobierno y el pueblo tienen por la Policía Nacional que, en todo momento, actúa respetando los derechos humanos, la vida y la seguridad de los ciudadanos". Esta declaración se produce después de que se hiciera pública una carta atribuida a un jefe policial en la que se reclamaba al mandatario "respeto" y "reconocimiento" a la Policía y no sólo a las Fuerzas Armadas, como hizo Mesa en los últimos días.

Durante las marchas del martes, que discurrieron en general de forma pacífica, se registraron enfrentamientos entre grupos radicales de manifestantes y agentes de la Policía, y actos de vandalismo contra comercios y viandantes de los que se han desvinculado los organizadores.

Repsol, contraria a la nueva ley

La petrolera Repsol-YPF considera "inevitable" la defensa de los derechos de sus accionistas ante la reforma legal promulgada el pasado día 17 de mayo en Bolivia. En un comunicado difundido en la ciudad boliviana de Santa Cruz, la multinacional asegura que "aún cuando falta por conocer los detalles de los decretos y las reglamentaciones complementarias a la normativa", ésta "vulnera derechos esenciales del ordenamiento jurídico boliviano e internacional".

La nueva ley -agrega el texto- afecta a los contratos de riesgo compartido firmados por la compañía con el Estado boliviano, "que se vienen cumpliendo desde hace más de siete años y que han contribuido al desarrollo de la actividad de hidrocarburos en el país". Señala que "en el nuevo marco legal […] los proyectos de inversión más significativos no serían rentables y, como es lógico, no podrán realizarse".




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