El Grupo Popular en el Congreso ha presentado una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a modificar la Ley de Autonomía del Banco de España y la de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito con el fin de regular su función inspectora y el procedimiento de inspección a las mismas.

Según informa el PP, en la proposición se explica que en las mencionadas leyes se dejó sin regular de manera clara la finalidad de las actuaciones inspectoras, el contenido de las mismas, el procedimiento de la inspección y los actuarios intervinientes en dichas actividades, así como su grado de autonomía e independencia en el ejercicio de su función.

Por estas razones, los populares solicitan que las actuaciones inspectoras verifiquen el grado de cumplimiento por las entidades sometidas a supervisión del Banco de España, sus accionistas, administradores y gestores de su normativa reguladora.

Piden igualmente que faciliten al Banco de España la información necesaria para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas, así como la evidencia necesaria para la incoación de los oportunos expedientes sancionadores que resulten de las actuaciones de inspección.

Asimismo, la iniciativa solicita que el procedimiento para el desarrollo de las actuaciones inspectoras introduzca la distinción entre las inspecciones periódicas y las extraordinarias, el trámite de alegaciones y la proposición de pruebas por la entidad sometida a inspección.

También reclama la extensión de un acta por los actuarios de la inspección en la que se fijen los elementos de hecho advertidos, con independencia del eventual expediente sancionador a que pudiera haber lugar posteriormente.

Por otro lado, en el texto de la proposición se contempla que la designación de los intervinientes en una inspección la realice el Banco de España, para lo que será necesario acceder a través de oposición libre ajustada a los principios constitucionales de mérito y capacidad por quienes estén en posesión de la oportuna titulación académica.

Por último, la iniciativa establece que las inspecciones en la sede de las propias entidades tendrán una duración limitada, fijada en la propia designación de los actuarios, que podrá prolongarse mediante una resolución motivada del Banco de España. Además, plantea que se regulen las entidades en las que, por su situación especial, sea necesaria una supervisión continuada en su sede.