El escándalo de los ERE fraudulentos en la Junta de Andalucía sube enteros y apunta hacia la cúpula socialista.

Este 19 de febrero de 2011, el PP señaló directamente al presidente de la Junta de Andalucía porque entre 2005 y 2009 era el consejero de Economía que aprobó las partidas presupuestarias para financiar los ERE irregulares y que están siendo investigados por el juzgado de instrucción número seis de Sevilla dentro de lo que el principal imputado señaló como «fondo de reptiles».

Según la documentación hecha pública por los populares, siendo Griñán titular de la Consejería de Economía, autorizó partidas por valor de 410 millones de euros para eso fondos que se destinaron a financiar ERE supuestamente irregulares.

Eso supone que de los 647 millones que apuntó el ex director general de Trabajo de la Consejería de Empleo entre 2000 y 2010, 410 millones contaron con el visto bueno de Griñán como máximo responsable de las finanzas de la Junta.

O lo que es lo mismo, que más del 63 por ciento de ese dinero otorgado al IFA pero que luego se usaba como «fondo de reptiles para empresas en crisis», fue otorgado con la última palabra del presidente.

Como escribe Ignacio Camacho en ABC -"El salario de la corrupción"- les han faltado el respeto a los jubilados "que después de una vida completa de esfuerzo y mérito malviven con una pensión congelada".

Han insultado a los trabajadores maduros despedidos en ERES sin negociar y condenados a estirar la indemnización para que les llegue a rastras hasta el retiro anticipado.

Han menospreciado a los jóvenes sin empleo cuya precaria carrera laboral apenas alcanzará alguna vez los veinticinco años.

Se han recochineado de los autónomos asfixiados por la crisis, de los funcionarios con el sueldo reducido, de los pequeños empresarios en dificultades que no pueden aliviarse de cargas, del mermado tejido social andaluz que sostiene con su trabajo inestable el despilfarro de una autonomía hipertrofiada y subvertida.

Lo de menos son los parientes y amigotes del partido incrustados de válvula entre plantillas en las que nunca figuraron; lo peor es el negocio tramposo e indecente, la obscena fullería con que urdieron una masiva trama ventajista de bajas trucadas para, con la complicidad deshonesta de los sindicatos, garantizarse un beneficio clientelar de agradecimiento discriminatorio.

Han prejubilado como mineros a tipos que jamás bajaron a una galería. Han convertido a oficinistas de 42 años en veteranos picadores o dinamiteros de explotaciones que llevaban décadas cerradas.

Han indemnizado a empleados dados de alta el mismo día del despido. Han disfrazado de personal de una base militar a exconcejales de pueblos vecinos.

Han falsificado cientos de vidas laborales para engordar las listas de beneficiarios de su truculenta red de despidos subvencionados.

Han pervertido el principio sagrado de la solidaridad social, y lo han hecho de un modo sistemático, organizado, industrial, a base de fondos millonarios ocultos a la transparencia administrativa.

Han permitido que comisionistas del partido actuasen como desaprensivos comerciales que ofrecían expedientes de regulación de empleo a los despachos de abogados. Han favorecido arreglos artificiales y operaciones amañadas con dinero público.

Han trazado un gigantesco mapa ficticio de crisis anticipadas para beneficiarse políticamente de la derrama clientelista y comprar voluntades con el salario de la corrupción.

Concluye lapidario Ignacio Camacho:

• Y todo eso a espaldas del control presupuestario, con partidas opacas para escapar de la reglamentación europea.
• Y todo eso en medio de una sensación de impunidad garantizada por el silencio de los beneficiarios de la treta.
• Y todo eso con un desahogado desdén por la destrucción del tejido laboral por cuya integridad estaban obligados a velar.
• Y todo eso desde presuntos departamentos, agencias y consejerías... ¡de Empleo!
• Y todo eso en una comunidad con un millón de parados a las que aún se atreven a vender futuro.