Cuando en los próximos días Rajoy se disponga a hacerse con las riendas del Gobierno, después de su debut internacional en Marsella, se encontrará con el segundo y no menos peligroso terreno minado que le deja Zapatero: ETA.

Puesta la pica democrática (¿?) con Amaiur, falsamente blanqueada de sus crímenes, relajada la sociedad con el espejismo del comunicado anunciando el cese de la violencia, apagado el eco de los atentados y silenciada por aguafiestas la voz de las víctimas, la banda y su entorno se disponen a lanzar su ofensiva para poner a un batasuno en la Lehendakaritza y mutar a los pistoleros en diputados y a los delincuentes que cumplen condena en los Nelson Mandela abertzales.

Quince días antes de formarse el próximo Gobierno, los proetarras ya están moviendo ficha con los presos.

En un comunicado de Gara, tablón de anuncios periodístico de ETA, los reclusos de la banda terrorista han pedido su acercamiento a cárceles vascas y navarras, petición que el Gobierno del PP desestimará por considerar que no se trata de solicitudes individuales reales, sino de una consigna de la banda, y porque en ningún caso muestran arrepentimiento o piden perdón a las víctimas.

Paralelamente, un Patxi López que necesita competir en abertzalismo ante un Amaiur crecido, pide una reunión con Rajoy para abordar cambios en la política penitenciaria, una política "flexible y acorde con los tiempos".

Es fácil adivinar que esa flexibilidad equivale a convertir a presos etarras en presos políticos, rebajando condenas y consagrando impunidades, como ya ha adelantado el delegado del Gobierno en el País Vasco.

Y para los próximos días se espera un comunicado de Batasuna -que sigue siendo ilegal- en el que meterá en el mismo saco a víctimas de ETA y de los GAL y pedirá concordia y conciliación, sin mencionar para nada la palabra "perdón" o recurriendo a eufemismos al uso para no mostrar el menor arrepentimiento.

Detrás de toda esta estrategia se adivina la intención de ETA por negociar con el próximo Gobierno a fin de arrancarle concesiones -primero democráticas, como el acercamiento de presos y después inconfesables, como Navarra o el derecho a la autodeterminación-.

La táctica consiste en ir subiendo el listón de peticiones, apoyados por instancias democráticas: así el TC se encargará de solventar parte de la reivindicación de los presos con la abolición de la doctrina Parot; y Amaiur lanzará sus órdagos soberanistas si consigue auparse con el poder en el País Vasco en las elecciones autonómicas.

Complejísimo envite para un PP que debe recurrir a la inteligencia (ETA lleva dos años sin matar) y a la mano izquierda (para que no le puedan acusar de antidemócrata, dado que Amaiur tiene un fuerte respaldo electoral y eso en un Estado de derecho es incontestable) pero también a la firmeza para no ceder a sibilinos chantajes.

Los nuevos tiempos del País Vasco, con una banda anémica y dividida, deben servir para obtener la rendición sin condiciones de ETA que -no se olvide- aún no ha entregado las armas, no la impunidad del crimen.

Como subrayaba Arantza Quiroga, presidenta del Parlamento Vasco, el mundo proetarra no puede irse de rositas con su rastro de sangre y miedo, porque "¿qué amnistía han tenido las casi 900 víctimas mortales de ETA?".