Al margen de ciertas medidas impopulares y discutibles como el impuestazo, el nuevo Gobierno ha empezado con buen pie en materias que, aunque no sean económicas, tienen singular calado, por cuanto indican un cambio de rumbo en España y la superación del relativismo que parecía marca de la casa del zapaterismo.

Así, Defensa desmiente la surrealista conseja del entonces ministro Bono (antes morir que matar) y un buque de la Armada repele un ataque pirata, Montoro propone responsabilidades penales para los gestores que derrochen dinero público, el nuevo director de la Policía limpia la cúpula de reliquias del rubalquismo y el PP exige la "disolución incondicional de ETA".

Unos gestos y un lenguaje que brillaban por su ausencia en el Gobierno de los eufemismos y los "brotes verdes".

No se trata de hechos aislados, sino que responden a un proyecto sólidamente trabado de quienes parecen tener claro el trasfondo de la crisis que padece España.

Ese proyecto se concreta en la recuperación de la idea de "Nación" que el PP presentará, como ponencia, en el Congreso del partido, en Sevilla.

Se trata de superar el adanismo de los últimos ocho años, caracterizado por ideas tan peregrinas como el concepto "discutido y discutible", sacudirse los complejos y apostar por el rearme ético, la regeneración política y el orgullo patriótico.

El cambio de rumbo tiene anclaje constitucional -la Carta Magna establece expresamente en su artículo 2 que se fundamenta "en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles"- y también anclaje antropológico -el proyecto del PP gravita en "la dignidad de la persona", basada a su vez en el Derecho romano y el humanismo cristiano-.

La traducción de todo ello es el establecimiento de un marco de colaboración entre las autonomías y el Estado, fijando un núcleo de competencias indelegables; el compromiso para asegurar la enseñanza del castellano; la defensa de la vida o la despolitización de la Justicia, proponiendo un nuevo modelo de elección del Consejo del Poder Judicial.

En este contexto se inscribe el fortalecimiento del Estado de derecho, comenzando por el endurecimiento de la política contra ETA.

El PP ha dado ya dos pasos positivos: la mencionada purga de elementos rubalquistas en la Policía y la propuesta de Basagoiti de restituir derechos políticos de los más de 200.000 exiliados vascos para que puedan votar en su tierra.

Esta última es una inteligente finta de los populares ante el altanero desafío que supone la presencia de Amaiur en el Congreso y el riesgo que para la democracia supone la amenaza de que gane las elecciones vascas. Y sin salirse un ápice de la legalidad ni recurrir a subterfugios como el de los filoetarras bendecidos por el Tribunal Constitucional.

Esperemos que los nuevos gobernantes sigan por ese camino. Es difícil sacar de la postración a un país que no cree en sí mismo, por culpa de unos Ejecutivos irresponsables como los de los últimos años. De suerte que el económico no es el único déficit que debe reducir Rajoy y su equipo.

La España de 2012 tiene un alarmante déficit de orgullo patriótico.

El electorado que ha dado su confianza al PP espera no sólo que se enfrente al fantasma del paro, sino también que siente las bases de la regeneración democrática y ética del país.

NOTA.- leer artículo original en La Gaceta.