El presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, sigue cumpliendo su agenda tóxica hacia la Cataluña económicamente arruinada, políticamente inestable y socialmente empobrecida.
Eso sí, envuelto en la estelada y prometiendo a los catalanes el acceso al paraíso en términos de paz, bienestar, justicia social, etc. De corrupción sigue sin decir ni media palabra, salvo acusar al Estado de fabricar montajes contra la Cataluña rica y plena del ensueño soberanista.
Lo malo es que la llave del paraíso se la han quedado los diez diputados de la CUP y está por ver si se la entregan a Mas, previo pago de lo que haga falta en materia de concesiones políticas, o este extravagante partido asambleario y antisistema decide tirarla al mar.
Atentos a la asamblea que convocada para el próximo 29 de noviembre y donde finalmente podrían desatascarse la investidura de Mas para que no se atasque el proceso soberanista hacia la republica catalana independiente.
Entretanto, sus principales agitadores ya se han ratificado en su voluntad de declararse insumisos ante las instituciones del Estado español. Y en particular el Tribunal Constitucional, que ha suspendido la controvertida resolución del Parlament y, por tanto, tiene bloqueada la posibilidad de desarrollarla. Así que se han creado las condiciones para la colisión entre quienes hostigan al Estado y quienes tienen la obligación de defenderlo.
«No es que queramos desobedecer al Tribunal Constitucional, es que queremos obedecer al Parlament», ha dicho la vicepresidenta de la Generalitat en funciones, Neus Monté. Muy parecido a otras declaraciones de su jefe, el president, al precisar que no se trata de saltarse las leyes del Estado sino de sustituir las leyes españolas por unas leyes catalanas». Como se ve, el insulto a la inteligencia no puede ser más pueril.
Pero ya no hablamos de urnas de cartón y vuelo de esteladas. Ya estamos ante pasos concretos y documentados. Por ambas partes. En la parte de los defensores de la legalidad, afortunadamente, ha reaparecido la contundencia.
Tanto en la suspensión de la resolución independentista en si misma, con las consabidas advertencias del TC, como en el ilustrativo escrito del fiscal de la Audiencia Nacional respecto a las figuras delictivas que pueden cometer los servidores públicos (aforados y no aforados) que no cumplan la ley o no la hagan cumplir.
Una contundencia rubricada desde lo más alto por las palabras del Rey, Felipe VI, comprometiendo su palabra en el anuncio de que la fuerza de la Constitución prevalecerá, «que nadie lo dude», «de eso pueden estar ustedes seguros», dijo el jefe del Estado antes loe embajadores honorarios de la Marca España. Unas palabras que han tenido mucho eco por la firmeza con las que han sido pronunciadas.
