Cada día resulta más difícil comprender a los protagonistas políticos de esta España cuyos ciudadanos están ya hartos de tanto egoísmo partidista, de tanto aprovechamiento interesado, de tanta tergiversación de la realidad, una realidad que es objetiva muchas veces -mejorable, desde luego pero objetiva- y a la que se trata de pervertir o subvertir con juegos malabares y contradictorios, con verdades contadas sólo a medias, con silencios cómplices o argumentos que no se sostienen.
La que se nos viene encima con doña Rita llamada por el Supremo y la decisión del Constitucional anulando la prohibición de los toros en Cataluña… Van a correr ríos de tinta. Pero vayamos a lo ya ocurrido para intentar entender qué está pasando en España.
Tras la celebración de aquel intento de referéndum disfrazado de consulta en Cataluña, el portavoz en el Congreso de los Diputados del Partit Demòcrata Català (PdC) -la antigua Convergència- Francesc Homs, llegó hasta el Tribunal Supremo según cuentan las crónicas «con paso firme» y acompañado por el ex presidente catalán, Artur Mas, y arropado por medio centenar de políticos catalanes.
Tenía cita con el magistrado Andrés Palomo para responder por presuntos delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos por el caso 9-N. El señor Homs dijo ante el juez lo que tuviera a bien decir en el interior mientras en la calle los líderes políticos hablaban con una tranquilidad absoluta de «juicio político» y el ex presidente Artur Mas afirmaba algo objetivamente contradictorio:
«Aquí no está en juego sólo la independencia de Cataluña, sino la democracia misma que recurre a los tribunales en lugar de sentarse a una mesa».
O sea, que una de las tres patas de la democracia sobra y el estado de derecho debe ser sustituido por el estado de la negociación. Pues no, se siente, pero no; cada cosa en su sitio y en su momento. Y Homs y Mas sabían perfectamente que el 9-N iba a acabar así: valiendo sólo para provocar titulares porque la Justicia estaba obligada a intervenir.
Tiempo habrá para discutir luego otras cosas, pero le Ley, insisto, es la Ley. Y lo mismo pasa con la presidenta Carme Forcadell y su saltarse a la torera la Constitución aún vigente o con el edil de Badalona que rompe con gran parsimonia la orden judicial de no abrir el consistorio el día de la Fiesta Nacional.
Vamos a ver: podemos teorizar sobre casi todo, pero -lo vuelvo a repetir- la Ley es la Ley y mientras no se cambie habrá que cumplirla y si no se cumple pues se ponen en marcha los mecanismos previstos. Y eso lo sabemos todos.
De la misma forma que todos sabemos que los CIES -que a muchos no nos gustan nada- dependen de Interior y son por tanto responsabilidad de la delegación del Gobierno y la policía nacional. Lo ocurrido en el de Aluche la otra noche fue doblemente triste: fue triste porque esos centros tienen que cambiar y fue triste porque unos concejales quisieron meterse en algo que no era de su competencia quejándose de que se les «ninguneaba» cuando ellos era los representantes del pueblo de Madrid.
Pero claro, es que el Gobierno central y sus derivaciones son los representantes -en funciones- de todos los españoles y por tanto están perfecta y democráticamente legitimados -y obligados- para actuar en el caso que nos ocupa; está muy bien que los concejales se preocupen por estas cosas, pero no enfrentándose con quien tiene el deber de resolverlas.
Aquí sobran ganas de llamar la atención y falta algo tan sencillo como el sentido común y el respeto. Si las leyes no nos gustan o son mejorables, habrá que cambiarlas, para eso está el poder legislativo; lo que no vale es no cumplirlas o ignorarlas cuando nos interesa. Si no se respetan las leyes -y no se respetan- la democracia es sencillamente imposible.
